¿Será como dicen los pronósticos que la contracción general
del consumo y de salarios 2016 es similar al año 2002?

Dependiendo de su punto de partida ambas situaciones no son
análogas. Aquella generada por una crisis de deuda y credibilidad acabó con la
implosión de un sistema creado alrededor de la convertibilidad. Este deviene de
un cambio de construcción política entre la era Kirchner y Macri. Así como el
kircherismo se caracterizó por la expansión monetaria y una inflación que en
muchos casos superaba el ingreso de los trabajadores,  la matriz
neoliberal de las políticas de Macri, abiertamente al mercado, impone por su
génesis tener trabajadores pobres y con condiciones laborales endebles.

Dejando de lado que la caída nominal del salario en el 2001
fue general y extrema para el conjunto de la sociedad la del año que concluyó
permite y necesita incluir diferentes variables: para la mayoría de las
consultoras la retracción salarial general superó ligeramente el 7%. Las
diferencias nacen cuando debe evaluarse a los trabajadores del Estado teniendo
en cuenta que hay que distinguir aquí a trabajadores que cumplen funciones para
el estado nacional, para administraciones provinciales y para los municipios.

Los dos primeros datos a considerar son las subas
salariales y la inflación: en promedio de aumento otorgado por los diferentes
estados rondó el 31%, la inflación algo así como el 41%, en las puntas del año.

Para el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma
en el caso de los trabajadores dependientes del Estado Nacional, los salarios
básicos correspondientes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) cayeron
en promedio un 8% en comparación con el año 2015.

Estas no fueron las únicas pérdidas salariales de los
últimos quince años.  De hecho la caída
del salario en los trabajadores ha sido una nota común desde el regreso de la
democracia. Las variables salariales durante los 12 años de gobierno kirchnerista
en el poder no han sido muy claras por la intervención realizada en el INDEC.
Sin embargo el 2014 también arrojó una caída muy importante en el salario tras la
devaluación del mes de enero. Un trabajo del Observatorio estimó que la caída general
del salario en aquel año fue casi del 4%. Las otras retracciones salariales
manifestadas durante el kirchnerismo fueron las del los años 2008, 2011 y 2013.

Mayor complejidad
entre provinciales y municipales

Cuando empiezan a medirse los salarios de los estados
provinciales y municipales todo empieza a complejizarse. Primero debe tomarse
en cuenta que en general los salarios de los trabajadores de las
administraciones provinciales y municipios son bastante más bajos que los
pagados por el estado nacional. Una segunda variable son los aumentos estimados
en la canasta familiar según la región.

La radiografía de las regiones no es uniforme. El NOA y el
NEA tienen salarios más bajos que en el Sur del país, pero los costos de la
canasta familiar en la región sur superan ampliamente los costos del norte.

En las provincias del NOA y NEA los salarios de un
trabajador del estado provincial promedian los 11.000 pesos y la canasta
familiar llega casi a los 18.000 pesos. Según propias fuentes estatales la
caída del salario llegó a 13 puntos.

Ahora la brecha se amplía cuando se incorporan a los
trabajadores municipales, en la mayoría de las comunas que incluyen esta
regiones los trabajadores pueden bordear los 8.000, es decir casi el límite
para no caer debajo de la línea de pobreza, pero hay tantas otras que pagan
salarios muy por debajo. Es así que la ATE de Formosa denunció que hay
trabajadores de municipalidades del interior provincial que perciben salarios
por 3.500 pesos; en otras se denunciaron salarios de 5.000 pesos.

Aunque este último grupo hubiera tenido una corrección
salarial muy superior a la media (póngase si se quiere un 100%) en términos
monetarios esta alza no hubiera compensado la suba habida en los productos de
primera necesidad ni de servicios. Por el contrario la pérdida de la masa salarial
real estaría muy por encima, lejana, de ese 8% que tuvieron los estatales
nacionales.

Para la región Sur hay una histórica pelea entre lo que se
percibe de ingresos y el costo de vida. Pelea que cada vez es más desigual. Se
estima que en los centros urbanos patagónicos a diciembre el costo de vida
orillaba los 22.000 pesos mensuales (en zonas más rurales y lejanas a las
capitales provinciales llegaba a 26.000 pesos). Sin embargo es casi imposible
que el salario de un trabajador estatal, sea provincial o municipal, se acerque
a esta suma.    

A esta situación hay que aportarle datos propios de ATE que
suman nuevas problemáticas: las crisis financieras de las provincias de Santa
Cruz y Tierra del Fuego. Esto diluyó aún más el ingreso de los trabajadores estatales.
En la primera, la conflictividad sectorial se llevó todo el año y los primeros
dos meses de este 2017 y parece no tener fin con un gobierno en virtual
bancarrota. En Tierra del Fuego el aumento salarial provincial apenas llegó al
9% y ese ajuste a la baja en los salarios fue controlado por el Ejecutivo
mediante la total judicialización que impuso a todas las protestas sociales que
vinieron de parte de los agentes activos y pasivos que cumplen funciones para
el estado fueguino.  

Para dimensionar el cuadro de gravedad que atenta contra
los estatales de la región se puede tomar como referencia un reciente informe
del INDEC en el que se asegura que la pobreza en la Patagonia se multiplicó por
7 en los últimos 3 años.

El primer año del gobierno de Macri no sólo dejó una brutal
caída general del salario, también se complementó con el aumento de la
desocupación donde el área estatal fue la principal afectada.

Transitado los dos primeros meses del 2017, los pasos dados
por el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos
Aires (avalados en su totalidad por el gobierno nacional)  y la
eliminación de la paritaria nacional al sector docente, presuponen imponer un
nuevo techo. El tope en las remuneraciones es del 18%.

Sin embargo las nuevas y generalizadas subas en los
servicios públicos (luz, gas, agua, transporte e inmobiliarios), la
transferencia de empresas estatales al sector privado, como se está dando en el
área nuclear, y la eliminación de programas sociales que venían desarrollando el
Estado, están avisando que las políticas de empobrecimiento y entrega Macri
siguen por su camino trazado.