Mediante una carta dirigida al Ministro Claudio Moroni, la
Central alertó sobre la gran cantidad de personas que aún se enferman y
fallecen mientras llevan a cabo sus tareas laborales. “Primero está la vida,
principio que acompañamos y militamos cada día”, señala la misiva.

Tras el inmenso avance que significó la firma del Decreto
367 /2020 para los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, el cual
reconocía al Covid-19 como enfermedad profesional, la CTA Autónoma ahora puso
el foco en el resto de las personas que trabajan en diversos sectores, los
cuales deben enfrentar “un complejo entramado de trámites que hay que llevar
adelante” para que sean cubiertas sus necesidades si padecen un contagio por
coronavirus.

En ese sentido, en una carta enviada al ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, la CTA-A advirtió sobre “la actitud,
ya conocida en el mundo laboral, de las ART que sistemáticamente rechazan los
infortunios, como una manera de mantener sus ganancias en desmedro de la salud
de las víctimas y en claro incumplimiento de sus responsabilidades”.

El documento señala que la situación se agravó “al salir de
la fase ASPO e ingresar a DISPO, ya que millones de trabajadores y trabajadoras
quedaron sin cobertura de las aseguradoras para enfrentar el Covid-19 y sus
consecuencias”.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud aclaró en
varias oportunidades que el final de la pandemia está todavía muy lejos y que
las consecuencias en la salud de las personas a mediano y largo plazo son una
gran incógnita, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
recomienda el reconocimiento del Covid-19 como enfermedad profesional, además
de distintas medidas para resguardar el empleo.

En esa sintonía, y a la vista de que “el proceso para
derrotar al virus llevará mucho tiempo todavía”, es que la Central le solicitó
al titular de la cartera laboral que “se emita de manera urgente la norma legal
que reconozca al Covid-19 como enfermedad profesional”.

Para concluir, la carta expresa que esta medida implicaría
“no solo un acto un acto de justicia social, sino que además traería
previsibilidad económica al mundo del trabajo y evitaría así un gran número de
litigios”.