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Continúa en la provincia de Santa Cruz el juicio a los trabajadores Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez, quienes se encuentran arbitrariamente detenidos desde octubre de 2013, acusados de provocar el incendio de un edificio público durante un reclamo salarial. En esta segunda jornada, los policías que declararon como testigo no pudieron sostener el relato que comprometía a los cinco trabajadores. Además, se profundizaron los cuestionamientos respecto al accionar policial durante aquel siniestro. Al mismo tiempo que se desarrollan las audiencias, ATE y organizaciones de Derechos Humanos se manifiestan para reclamar la liberación de los acusados a la espera de una sentencia firme.

El inicio
del juicio contó con la movilización de la Asociación Trabajadores del Estado y
la CTA, junto al acompañamiento de organizaciones sociales, políticas y de
derechos humanos, así como la presencia de Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres
Plaza de Mayo (Línea Fundadora), quienes estuvieron presentes desde la mañana
en el Tribunal Oral en lo Criminal de la Primera Circunscripción de Rio
Gallegos.

“Nos pudimos
reunir con los compañeros y, pese a estar pasando por un momento duro, los
vimos tranquilos y confiados en que todo se va a solucionar, gracias a la
fuerte repercusión que está tomando la causa, el apoyo por parte del Consejo
Directivo Nacional”, contó Olga Reinoso, del bloque organizativo gremial ATE
Santa Cruz.

“A medida
que el fiscal fue repreguntando e indagando en los hechos, los efectivos no
pudieron sostener las acusaciones”, relató la dirigente que estuvo presente en
las audiencias. La cuestión es que los policías que declararon como testigos no
pudieron sostener con ningún fundamento las declaraciones que anteriormente habían
hecho en la etapa de instrucción y comprometían a los acusados. “Hay muchas
contradicciones, relatos que se fueron cayendo a medida que avanza la causa”,
agregó Reinoso.

“Otro dato
importante que surgió de las audiencias es que se debería investigar la
responsabilidad del Jefe del operativo policial ya que no hubo una orden de
apagar el incendio apenas comenzado el mismo”, afirmó la compañera
santacruceña.

 

Los hechos

Allá por
2013 los estatales santacruceños protagonizaban una pelea por aumento salarial
y el fin de la precarización laboral, llevando adelante medidas de fuerza que
eran ignoradas por el Ejecutivo provincial. En ese contexto se produjo el
incendio de un edificio público, hecho que fue utilizado como excusa para
perseguir y detener a los compañeros que peleaban por sus derechos.

 

Judicialización de la protesta social

Durante la
primer jornada del juicio oral, estuvo presente también el Secretario General
de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes, quien recordó
que por haber negado la excarcelación de los compañeros: “también castigaron a
sus familias, quienes desde hace un año no perciben más el salario”.

“Le queremos
decir a la justicia de Santa Cruz que es en la interna del Frente para la
Victoria donde se encuentra la explicación de lo que ocurrió tanto en Las Heras
como con los 5 compañeros presos de ATE”, agregó el dirigente estatal.

Finalmente,
Julio Fuentes agradeció a todas las organizaciones por acompañar esta lucha:
“Quieren juzgarlos y están detenidos mientras la justicia no tiene ni una sola
prueba en su contra”. Además, el titular de ATE afirmó que “en estas
condiciones el Estado tiene a estos trabajadores como secuestradores, es una
infamia”.

La justicia
de Santa Cruz denegó sistemáticamente la excarcelación, ignorando todo
principio moral y jurídico de la Constitución Nacional y de la Convención
Internacional de Derechos Humanos, en este caso tratando de criminalizar la
protesta social.

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ATE presente en el juicio a los estatales santacruceños

El Secretario General de ATE, Julio Fuentes viajó a Santa Cruz junto al abogado del gremio Juan Carlos Capurro, para asistir al juicio oral a Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez, trabajadores y paritarios de ATE, detenidos arbitrariamente en el año 2013 en el marco de un conflicto extendido a lo largo de varios meses en los que el gobierno respondió con sucesivos ninguneos hacia los trabajadores estatales. Alejandro Garzón, Secretario Gremial del CDN, también se encuentra en Río Gallegos reclamando la libertad de los compañeros.

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