Veintisiete trabajadores y trabajadoras de
la Municipalidad de Apóstoles, en su mayoría afiliados a la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE Misiones), se encuentran judicializados -y a la
espera de un juicio oral – por la ocupación pacífica del corralón municipal
ocurrida en octubre de 2014, medida a la que los trabajadores habían llegado
tras agotar todas las instancias administrativas para canalizar graves reclamos
salariales y laborales ante quien era entonces y es ahora intendente de
Apóstoles, Mario Vialey.

“El juicio oral debió haberse realizado en
septiembre, pero se suspendió. La causa está en el Juzgado de Instrucción Nº4
de Apóstoles. Es una causa en la cual el intendente acusa a los trabajadores de
usurpación, por la protesta que hicimos en el corralón, en el marco de un paro
y en reclamo por salarios y condiciones de trabajo” explicó uno de los
trabajadores judicializados y referentes de la Seccional Ate Zona Sur, Beto
Camelino.

Por su parte, la secretaria general de ATE
Zona Sur, María Alvez, manifestó que “Recordamos que este conflicto, y la
medida de fuerza adoptada, obedecieron a incumplimientos laborales y salariales
que se arrastraban desde diciembre del año anterior y que fueron abordados sin
resultados positivos en el marco de conciliación obligatoria dictaminada por el
Ministerio de Trabajo de la Provincia. No hubo voluntad política para dar
solución a este conflicto, pero sí para enviar a 200 efectivos policiales a
desalojar el corralón y luego judicializar a los trabajadores”.

El desalojo en cuestión tuvo lugar el
viernes 3 de octubre de 2014 , promediando las 20.30, cuando un descomunal y
cinematográfico operativo policial que incluyó más de 200 uniformados de la
policía local, el Grupo de Operaciones Especiales e Infantería, con armas y
escudos, irrumpieron en el corralón municipal de Apóstoles, para desalojar a
los trabajadores municipales que desde hacía 4 días se encontraban ocupando
pacíficamente el lugar, en reclamos por incumplimientos salariales y laborales
que el Ejecutivo Municipal arrastra desde hace 10 meses.

Previo al desalojo, las fuerzas de
seguridad sitiaron la zona, cortando las calles aledañas. Ante semejante
despliegue, los trabajadores municipales y los delegados y dirigentes de ATE
presentes, se retiraron de manera pacífica del interior del galpón- soportando
algunas provocaciones y no sin antes limpiar completamente el lugar y hacer
constar en acta el perfecto estado de todo el patrimonio vehicular y general
que allí se aloja.

La autoridad policial se valió de un
“mandamiento de despeje” dictado por la jueza Raquel Zuetta, del Juzgado de
Instrucción Nº 4.

“Como hijo de este pueblo y trabajador
municipal que desde hace años barro todos los días estas calles, siento
vergüenza ajena por el comportamiento de las autoridades que nos enviaron a la
policía como si fuéramos delincuentes y encima sin dar respuesta a nuestro
reclamo; realmente mostraron con este operativo un desprecio absoluto al
trabajador municipal” lamentó  entonces
Herisberto Vasquez, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado.

El operativo de desalojo se dio apenas un
par de horas más tarde de finalizada una audiencia entre el intendente Mario
Vialey y representantes de ATE, en la cual el alcalde se comprometió a
“estudiar números y acercar una propuesta”. Esa propuesta, finalmente fueron
200 policías con una orden de desalojo.

“Este es un caso de criminalización de la
protesta. Los trabajadores dieron una muestra de dignidad, luchando por sus
derechos, porque están empobrecidos y explotados. Es importante que se deje sin
efecto las imputaciones y que se atienda las necesidades de los trabajadores
municipales, que al día de hoy persisten y son muchas” señaló quien era
entonces la  secretaria general de ATE,
Nora Dedieu.