La delegación de la
confederación que viajó a Santiago de Chile realizó reuniones con diferentes
activistas y referentes en la materia para analizar la situación represiva que
se desató a partir de las protestas iniciadas el 18 de octubre.

A más de seis semanas de iniciadas las protestas en el país,
el saldo represivo es alarmante. Sólo en cifras oficiales relevadas por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos se llegaron a contabilizar al 3 de
diciembre unos 8.500 detenidos y miles de hospitalizados (241 de ellos con
traumas oculares). A esto se suman 28 muertos y centenares de denuncias por
torturas, tratos crueles y violaciones.

En este contexto, miembros de la delegación de la CLATE encabezada por
el presidente de la Confederación, Julio Fuentes, el vicepresidente de la FIDH,
Juan Carlos Capurro, el asesor del Observatorio Social, Ignacio Rodríguez, a la
que se sumaron miembros de la delegación de ATE y la CTA Autónoma, Emiliano
Hueravilo y María José Cano, se reunieron con la presidenta de Amnistía Chile,
Sofía Lanyon.

Desde Amnistía,
Lanyon explicó que la prioridad de la organización durante este tiempo ha sido
colaborar con el ministerio público en la recepción de denuncias y destacó que
su organización fue blanco de amenazas por las tareas realizadas. Al respecto
consideró que este amedrentamiento se explica porque “Amnistía no sólo releva
casos y señala patrones de comportamiento de las fuerzas de seguridad, sino que
señala las responsabilidades políticas y administrativas por estos hechos”. Por
su parte, Juan Carlos Capurro manifestó la preocupación de la FIDH por los casos
de personas detenidas por las fuerzas de seguridad de las cuales se desconoce
su paradero y que en los hechos están desaparecidas.

Desde CLATE se
compartió el informe de su Observatorio Social, “En guerra contra el derecho a
la protesta”, donde a partir del relevamiento de casos representativos se
reconstruyeron patrones de conducta sobre el accionar de carabineros que
incluyó el uso de la fuerza para causar daño, el espionaje a organizaciones
sindicales, las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia sexual a
detenidas y detenidos, la negativa a abogados defensores a visitar a personas
privadas de su libertad e incluso el funcionamiento transitorio de centros
clandestinos de detención.

Por la tarde, la
delegación de la CLATE y la delegación de ATE y CTA se dirigieron a la
Universidad de Santiago de Chile donde se desarrollaba la Cumbre de los
Pueblos. Allí se entrevistaron en la Sala “Camilo Catrillanca” con activistas
en Derechos Humanos de Chile. La reunión, que tuvo por objetivo coordinar
acciones para visibilizar las violaciones a los Derechos Humanos en la región
contó con la participación de Patricio Guzmán (integrante de las plataformas
Chile Mejor Sin TLC y NO+AFP), Haydeé Oberreuter (de la Asociación de Víctimas
de Prisión Política y Tortura), Celso Cafullan (activista mapuche y director
del diario digital Werken Rojo) y Hugo Rodríguez (del Movimiento Territorial
Zona Poniente).