En 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Alquileres ante la necesidad de los hogares inquilinos de una mayor protección frente a los abusos de propietarios e inmobiliarias, entre otras dificultades para acceder al alquiler.

La norma representó un gran avance. Entre otras medidas, aumentó los contratos de dos a tres años, limitó los requisitos para alquilar, y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre partes inherentemente desiguales.

Sin embargo, el Estado omitió toda acción para hacer efectiva la aplicación de la ley. La falta de controles en un contexto inflacionario y de pérdida salarial no hizo más que agudizar la crisis económica de las personas que alquilan.

¿Quiénes son lxs más perjudicadxs? Las mujeres y personas LGBT, sobre todo migrantes, con trabajos precarizados y/o con personas a cargo. Así lo afirman distintos informes elaborados por universidades, organizaciones de inquilinos y organismos de Derechos Humanos. 

Según un estudio del CELS realizado en noviembre de 2022 en la zona del AMBA, la incidencia del alquiler en los ingresos es cada vez mayor. En 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. En 2022 esa proporción aumentó al 32%. En ese marco, el 62% de las personas que alquilan están endeudadas, en mayor medida para poder pagar el alquiler. Además, los hogares sostenidos por mujeres son los que se encuentran en una peor situación financiera.

El sesgo de género también aparece a la hora de iniciar un contrato. Así, el  76,5% de los hogares inquilinos expresa haber tenido dificultades para poder cerrar un acuerdo de alquiler: 70% por falta de garantías, 38% por tener personas a su cargo y el 16% por su género, preferencias sexuales, cultura o país de origen. 

Esa crisis fue aprovechada por el poder inmobiliario para responsabilizar de todos los males a la Ley de Alquileres y emprendió una campaña de lobby para intentar su derogación. Si bien no lo consiguió completamente, en agosto logró que la Cámara de Diputados modifique artículos sustanciales. 

Pero no todo está perdido, aún resta el tratamiento del proyecto en Senadores.

Ante este escenario, el Departamento de Género y Diversidad de ATE a cargo de Clarisa Gambera, lanza la Campaña “Que el alquiler no nos cueste el salario” (ver abajo afiches). El objetivo es promover la organización para defender la Ley de Alquileres y exigir su cumplimiento, entendiendo que es la única herramienta que tienen las personas no propietarias para defenderse del mercado y la especulación inmobiliaria.

“Es fundamental que el tema de los alquileres sea parte de la agenda sindical porque es parte de la vida de las personas que trabajamos”, afirmó en ese sentido Gambera. “Desde los feminismos populares logramos incorporar cuestiones que parecían del ámbito privado a la agenda política y creemos que también tienen que ser parte de la agenda sindical”, añadió.

Y señaló: “No se puede seguir discutiendo salario sin tener en cuenta cómo impactan de manera diferencial las distintas condiciones que nos atraviesan. La clase trabajadora es cada vez más una clase inquilinizada y en ese sentido la situación de precariedad  en el mundo del trabajo impacta en nuestra vida cotidiana. La precariedad de la vida es algo mucho más amplio que la relación contractual con nuestras patronales: tiene que ver con lidiar con una vida cotidiana que cada día se pone más compleja en salud, vivienda, transporte, educación, y todas esas variables se vinculan con el cuidado”, destacó.

En esa línea se expresó también Flavio Vergara, titular del Departamento de Negociación Colectiva de ATE, quien planteó la necesidad de que en el marco de la paritaria se establezca “un índice de salario diferencial para hogares monoparentales”. “Esto se torna aún más urgente en un contexto en el que el precio de los alquileres está desbocado y consideramos que para los hogares monoparentales tiene que haber una variación adecuada en el marco de la discusión paritaria”, evaluó. 

“La situación de las personas que alquilan y tienen hogares monoparentales, que tienen que bancar la parada solas con salarios que no alcanzan ni siquiera para la canasta básica, es algo que es urgente incluir en la discusión”, remarcó.

Debate legislativo

Sobre el proyecto con modificaciones a la Ley de Alquileres que tuvo media sanción y que la oposición busca aprobar en Senadores, desde ATE plantean que reducir los contratos de 3 a 2 años precariza la existencia, en particular de mujeres y disidencias con personas a cargo, generando inestabilidad y poniendo en jaque toda la organización del sistema de cuidados, por ejemplo, al momento de elegir la escuela de les niñes.

Asimismo, alertan que dejar librado el índice de aumentos a un acuerdo entre las partes desprotege a quienes alquilan. Así, porque no es cierto que exista una igualdad de condiciones para negociar el valor de la vivienda. Es el Estado el que tiene que proteger a les inquilines y garantizar condiciones justas, subrayan.

Además, proponen debatir políticas que atiendan la situación de los sectores más vulnerables, por ejemplo de las personas que ni siquiera pueden alquilar dentro de la ley por no contar con garantías propietarias o recibos de sueldo. Éstas son más de la mitad de las personas que alquilan.

En ese sentido, la Ley sancionada en 2020 creó un Programa Nacional de Alquiler Social que promueve la creación de líneas de subsidios al alquiler, mecanismos de fiscalización para que locadores y locataries cumplan con el marco normativo, la creación de un seguro público y de instancias de resolución de conflictos. Sin embargo, nunca fue implementado.

También respaldan propuestas de fondo, como la regularización de los alquileres temporarios y de plataformas que dolarizan y hacen subir los precios de los alquileres, o la creación de un impuesto a la vivienda vacía; ambos proyectos impulsados desde Inquilinos Agrupados, entre otros espacios políticos.