El Consejo Directivo de ATE Formosa solicitó un incremento
salarial del 40% (hasta julio), extensivo a toda/os la/os trabajadora/es públicos
provinciales y municipales, además de la conformación del Consejo Económico
Social que marca la Constitución 
formoseña.

En una nota elevada al gobernador Gildo Insfrán, el
gremio estatal expuso la “muy difícil situación económica y social” que padecen
los trabajadores del sector público y destacó “la necesidad de contener el
reclamo social”.

Puntualizó que los ingresos mensuales “han quedado
absolutamente muy por debajo de la inflación acumulada de los últimos años,
todo ello agudizado porque los últimos aumentos salariales resultaron insuficientes
para garantizar un ingreso salarial digno”.

Tras mencionar los “múltiples requerimientos” de la
familia estatal formoseña, la delegación local de ATE aseguró que “nos sentimos
discriminados respecto de los aumentos salariales otorgados en otras jurisdicciones”.

Fundado en un informe sobre “El avance de la situación
financiera de la Provincia de Formosa”, el sindicato señaló que “el gasto en
personal tuvo una retracción significativa en los últimos años, obviamente en
perjuicio de la calidad de vida del trabajador estatal en general”.

“Si solo se hubiera destinado el 50 % del superávit
financiero de 2020 a la masa salarial, se hubiera reactivado el consumo local”,
aseguró ATE en su misiva al primer mandatario.

Agrega que el “proceso de retraimiento salarial
acumulado de los años 2018/19, nos muestra fuertes recortes al gasto en
personal en Formosa estimados en 7.221 millones de pesos, con lo cual,
comparativamente, se habría producido un recorte salarial mucho mayor que el
recorte salarial que en las demás provincias del NEA, que nos impactó de manera
negativa y directamente sobre las espaldas escuálidas del trabajador estatal
provincial y municipal”.

Siempre en términos comparativos, el sindicato
entiende que la retracción de los haberes estatales en nuestra provincia
“profundizó el proceso de empobrecimiento colectivo de los formoseños, porque
en términos comparativos con las provincias del Chaco, Corrientes y Misiones,
el recorte salarial de Formosa fue mucho más grande que en esas provincias del
NEA”.

Tras describir este cuadro al gobernador Gildo
Insfrán, a quien considera “un buen conocedor de la realidad provincial”, ATE,
preocupada por las  consecuencias
sociales que “ya saltan a la vista”, pidió al gobierno “se analice de manera
urgente la necesidad de incrementar los salarios provinciales con un piso del
40 por ciento hasta el mes de julio y, oportunamente, se examine un eventual y
nuevo reajuste salarial para el segundo semestre del año, todo ello tomando en
consideración los nuevos datos de un proceso inflacionario que siempre
perjudicó a los asalariados en general, afectando indirectamente a toda la
población”.

“Un sustancial incremento salarial contribuirá
decididamente a recuperar el consumo popular y la reactivación de nuestra economía
local”, confía el Consejo Directivo, el que por otra parte hizo hincapié en la
situación más angustiosa aun que viven aquellos empleados municipales que
perciben salarios “por debajo de la línea de indigencia”.

En este sentido, ATE propuso la elaboración de un
instrumento legislativo que promueva incorporar los adicionales
correspondientes para que ningún asalariado municipal de nuestra provincia
perciba haberes por debajo de dicha línea.

Asimismo, en el marco de lucha contra la inflación y
el alza desmedida del costo de vida, reclamó “una real y fuerte campaña de
control de precios, teniendo en cuenta que los formadores hacen caso omiso a
todos los acuerdos firmados con el gobierno nacional y/o provincial, afectando
directamente la mesa de los trabajadores y el esfuerzo financiero del Estado”.

Finalmente, ATE instó al gobierno provincial “a
conformar de una vez por todas el Consejo Económico Social previsto por la
Constitución provincial”, recordando que el gobierno nacional acaba de hacer lo
propio reuniendo a todos los sectores involucrados en el desarrollo, progreso y
distribución de los bienes y servicios.

“Este consejo provincial nos permitirá a sindicatos,
empresarios de los distintos rubros, organizaciones de la sociedad civil y el
propio gobierno establecer por consenso pautas claras sobre el desarrollo más
equitativo de nuestra economía, garantizando niveles de dignidad aceptables
para los sectores trabajadores y populares de nuestra sociedad”, concluyó ATE.