Hoy, durante la segunda jornada del Paro Nacional de ATE
SENASA, que finalizará el próximo viernes 2 de febrero, se realizaron diversas
acciones gremiales en varias regiones del país para resistir a las nefastas
decisiones de las autoridades del organismo y del Ministerio de Agroindustria:
El retiro de los Servicios de Inspección Veterinaria (SENASA) de los
establecimientos frigoríficos de consumo interno que fiscalizan la producción y
elaboración de alimentos de origen animal, el no pago de los alquileres de las
400 oficinas sanitarias de campo, y el levantamiento de programas para la
prevención de plagas como el HLB.

Las acciones gremiales tomadas surgieron de forma
consensuada en la última reunión de la Mesa de Coordinación Nacional de ATE
SENASA, el pasado18 de enero. Se determinaron acciones de visibilización del
conflicto, de las funciones que cumple el organismo, y del riesgo sanitario que
significa para toda la población argentina su desfinanciamiento.

Fue así que en Río Negro se realizó una permanencia pacifica
en el Centro Regional de la localidad de General Roca, y en Corrientes tase
llevó a cabo una permanencia con acampe en el Centro Regional de la localidad
de Gobernador Virasoro. Por otro lado, en Córdoba se llevaron a cabo asambleas
y volanteadas en el Centro Regional de la capital provincial y mañana se prevé
el corte de Ruta Nacional 8, entre la localidad cordobesa de Río Cuarto y la
puntana Villa Mercedes.

En Capital Federal, los compañeros y compañeras de SENASA
presentaron denuncias en organismos internacionales y realizaron asambleas. En
Formosa, los trabajadores volantearon con stands fijos en el centro de la capital,
y en Neuquén se manifestaron con entrega de folletos en el Control
Zoofitosanitario de la localidad de Cutral-Có.

“Es un conflicto federal, dado que SENASA tiene presencia en
todo el país y cada sector es importantísimo para prevenir el ingreso de plagas
y enfermedades”, expresó Jorge Ravetti, coordinador de la Mesa Nacional de ATE
SENASA. El compañero además expresó que privatizar los controles estatales es
una decisión política del Gobierno Nacional que es totalmente contraria a los
dichos del Presidente de la Nación, que pretende que Argentina sea “el
supermercado del mundo”, y aclaró que para que esto suceda se necesita que los
controles sean oficiales.

Un claro ejemplo de las consecuencias del desguace es la
situación que atraviesan los trabajadores del laboratorio de SENASA de Mar del
Plata, quienes manifestaron que por falta de presupuesto se dejó de hacer el
análisis microbiológico y no se pueden hacer los análisis de histamina para la
Unión Europea. “No hay plata”, fue la respuesta que recibieron de parte de las
autoridades.

A esto se suma la propagación de la bacteria HLB,
transmitida por la mosca del fruto, que puede destruir toda la producción
citrícola del país. Producto del cierre del programa y de las barreras de
Yapeyú y Olivares, las autoridades de SENASA tuvieron que lanzar un plan de
contingencia para evitar la propagación. En el día de ayer, ante la gravedad de
la situación, anunciaron que dicho plan también se extenderá a los duraznos,
pelones y pimientos.

Además, el retiro de los Servicios de Inspección Veterinaria
de los establecimientos Ciclo II y III dejó sin funciones a más de mil
trabajadores de SENASA, implementando en todos los establecimientos donde se
producen y elabora alimentos de origen animal y vegetal la figura de Directores
Técnicos Privados pagos por las propias empresas que deberían ser controladas
por el Estado.

Todo esto demuestra que se está aplicando un doble estándar
sanitario: Extreman los controles oficiales para las exportaciones y dejan sin
controles al consumo interno. Es decir, dejan a la ciudadanía argentina
expuesta a todo tipo de enfermedades que afectan a los seres humanos, como la
Escherichia Coli o el Síndrome Urémico Hemolítico.

Con respecto a la decisión de no pagar más los alquileres de
los edificios donde funcionan las 400 oficinas sanitarias de campo, desde ATE
SENASA denunciaron que significará una dependencia de las entidades
agropecuarias, como la Sociedad Rural. Entidades en las que las autoridades del
SENASA quieren delegar las funciones del Estado, obligando a profesionales y
técnicos a depender de la caridad de los controlados.

Todos estos gravísimos hechos se suman a los 130 despidos
injustificados que, de manera informal, anunciaron el pasado 29 de diciembre de
2017. 130 trabajadores menos significan 130 controles menos, y los compañeros y
compañeras temen que aparezcan más listas.

Las políticas desacertadas que están tomando las autoridades
del SENASA ponen en riesgo el status zoofitosanitario alcanzado por el país y
tiran por la borda toda una historia de trabajo, y la dedicación especializada
y comprometida de sus cuadros profesionales y técnicos de varias décadas.