A mediados de septiembre la ATE Córdoba realizó un Plenario de Trabajadoras y Trabajadores Municipales, cuyo fin es continuar trazando el manifiesto crecimiento que el sindicato viene teniendo en los municipios del interior provincial, que también se condice con la política dispuesta por el Consejo Directivo Nacional y los Consejos Directivos Provincial de ir hacia la municipalización del sindicato.   

Córdoba es la provincia que cuenta con el mayor número de municipios de todo el país: 427, de las que ATE tiene participación sindical directa en 86, y en sostenido crecimiento.

La presencia sindical de ATE también se refrenda en las necesidades laborales de las y los trabajadores municipales, sobre las que el Secretario General de la ATE Córdoba, Federico Giuliani, explicó lo siguiente: “estamos desarrollando un trabajo territorial en toda la provincia y a cada paso vemos que las y los más de 100.000 trabajadores que prestan servicios en los municipios de la provincia carecen en un alto número de estabilidad laboral o sea que la precarización es sostenida y en paulatino ascenso, que también incide en sus salarios porque la precarización laboral implica también precarización salarial con muchas y muchos trabajadores cobrando salarios bajo la línea de pobreza”.

En este sentido Giuliani remarcó que “tienen un régimen de contratación con  alta explotación laboral, con pésimas condiciones para desempeñarse y en donde hay intendentes que se comportan como patrones de estancia”. Por eso acotó “es de suma importancia que nuestro sindicato ingrese en estos municipios y organice a las y los trabajadores para plantear estrategias conjuntas que nos lleve a avanzar en los Convenios Colectivos de Trabajo”.   

Pero el ajuste que los gobiernos hacen pagar a las y los trabajadores no se da sólo en el ámbito municipal. También se presenta en Córdoba entre todas y todos los trabajadores que prestan servicio en el Estado, como es lo que ATE considera una “estafa” la suba de aportes en la Obra Social provincial, el APROSS.

Al respecto Giuliani explicó que “desde principios de año a través de una Ley aprobada por la Legislatura se está llevando adelante un saqueo al bolsillo de las y los trabajadores”. “Tiene cautivo a un millón de personas que usan esta prestación, que ha sido dejada para su manejo a un grupo privado ligado al ministro de Salud de la provincia”, acotó antes de subrayar que “desde ATE creemos que la obra social debe cumplir una función que beneficie a nuestra gente. En el interior provincial casi no hay prestaciones, y otras muchas sólo se brinda en la capital provincial”.