ATE

Fue mediante una nota dirigida al gobernador Gustavo Saénz.

Dos mil trescientos trabajadores estatales que se desempeñan en áreas del Estado provincial, aunque bajo contratos precarios, esperan que el gobierno de Salta los incluya dentro de su planta transitoria en el presupuesto del año próximo. De concretarse, representará un paso importante en el camino de la regularización laboral de esos trabajadorxs que se desempeñan hace algunos años en puestos provinciales y aspiran a integrar la planta permanente estatal salteña.

La Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Salta formalizó el pedido el martes último, mediante una nota dirigida al gobernador Gustavo Saénz. Con la firma de la secretaria general de ATE Salta, Mabel Álvarez, y su secretario gremial, Edgardo Guaymás, el sindicato recordó al mandatario salteño que los trabajadores precarizados «denominados monotributistas o contratados (…) carecen del reconocimiento de derechos esenciales de los trabajadores estatales, como la estabilidad». Se trata de una garantía frente a «los avatares de la política partidaria y la arbitrariedad de algunos funcionarios que se valen de la condición jurídica (de empleados y empleadas monotributistas o con contratos) para ignorar todo el cúmulo de conquistas y derechos laborales que les corresponden». En esa línea, denunciaron que «si los compañeros precarizados no cumplen con el capricho del jefe de turno, son advertidos que sus contratos pueden ser rescindidos o no renovados». 

Puntualmente, ATE Salta reclamó el pase a planta transitoria de 1.500 trabajadores que se desempeñan en el área de la Salud Pública y de 700 que trabajan en Desarrollo Social. «En la Mesa de Salud», profundizó Álvarez en diálogo con Salta/12, «ya realizamos este mismo pedido» en el marco de las negociaciones paritarias de este año. Explicó además que el gobierno salteño marcó el 6 de octubre próximo como fecha límite para formalizar el pedido de incorporación de esos trabajadores estatales, que ATE remarcó, se encuentran «encasillados bajo alguna figura jurídica» que determina su vulnerabilidad laboral. 

En otro tramo del mismo documento, el gremio recordó al gobierno salteño que bajo esas condiciones, las y los trabajadores no gozan de la totalidad de los derechos reconocidos en la Carta Magna nacional y provincial. «Usted sabe perfectamente como abogado que es que la figura jurídica de ‘contratado’ se debe utilizar pura y exclusivamente para servicios o tareas que no son realizados por trabajadores de la planta permanente». Sin embargo, la precarización laboral por parte de la patronal estatal «se ha propagado exponencialmente por diversos organismos públicos», sostiene ATE. 

El gremio recordó también que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagró -entre otros derechos- la estabilidad del empleado y la empleada pública. Mientras que el artículo 64 de la Constitución de Salta estableció que «la carrera administrativa constituye un derecho de los agentes públicos de todos los poderes y organismos provinciales y municipales». 

Álvarez mostró cierto optimismo sobre la decisión final que adoptará el gobierno de Salta respecto a estos trabajadores. Si el Estado salteño los incluye en el presupuesto 2024, «comenzarán a integrar la planta transitoria desde enero (de próximo año) de manera gradual y progresiva», aseguró. «Queremos que todos los trabajadores regularicen su situación», insistió. Por ese motivo, desde el gremio esperan que el gobierno local no coloque trabas que relanticen aún más el proceso de incorporación. «Todavía hay trabajadores que fueron contratados bajo figura covid-19», aseveró Álvarez. «Ingresaron en 2020», acotó de inmediato en alusión a esos trabajadores de la Salud Pública que desde la pandemia acumulan años en una situación incierta.

ATE expuso también en su documento la lectura de las y los trabajadores estatales precarizados de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. «Ante las voces que se levantan actualmente (y) hablan de achicar el Estado, vemos con mucha preocupación la situación de los compañeros más vulnerables». Alvarez agregó que desde la actual conducción del gremio «sabemos que el panorama es complejo y crítico. No queremos que estos trabajores sean parte de una propuesta de achique», expresó finalmente.

En la escala salarial de enero de 2023, disponible en el portal del gobierno de la provincia de Salta, el neto de bolsillo de las y los profesionales del área de Salud Pública oscilaba entre los 172 y 132 mil pesos, mientras que el salario neto de los y las enfermeras se estableció -siempre a valores de enero de este año- entre los 155 y 118 mil pesos mensuales. Personal administrativo, técnico y de mantenimiento, cobraron haberes netos entre 155 y 111 mil pesos. Mientras que las diversas categorizaciones para agentes sanitarios, arrojaba una variabilidad entre los 132 y 115 mil pesos mensuales. 

Durante las jornadas de protesta de mayo y junio pasados, las y los trabajadores de la salud pública compartieron con la docencia salteña el reclamo por la recomposición de sus salarios. Muchos de quienes marcharon en esas jornadas de protesta masiva en las calles, eran trabajadores precarizados que recordaban que antes habían sido considerados «héroes» por su labor durante la pandemia de la covid-19.

Nota publicada originalmente en Página/12

NOTICIAS RELACIONADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

PERIÓDICO MENSUAL