Esto es, cuando no se pueda probar documentadamente que la cesación de un contrato no provino de un actuar caprichoso, arbitrario, silencioso e ilegal de los funcionarios públicos en todos los estamentos de la administración pública provincial.

"Los trabajadores que fueron injustamente despedidos en cada una de las empresas públicas, deben ser inmediatamente reincorporados. No se pueden vulnerar derechos adquiridos y llevar adelante despidos arbitrarios y discriminatorios", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del CDP, y puntualizó: "Los empleados de las empresas públicas afectados por los despidos, no son un gran número y, por lo tanto, no existe una excusa presupuestaria. Se debe llevar adelante un acto de justicia y debe existir en el gobierno la voluntad política de retrotraer estas decisiones".

Prensa ATE Río Negro/ 16-11-2012