ATE

Será el próximo lunes 18 de febrero en los tribunales federales.

El lunes 18 de febrero el Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE presentará en la Cámara Federal de la Seguridad Social,
ubicada en la calle Lavalle 1258, un recurso de amparo en relación al uso de
los recursos del ANSES.

Además de la presentación, a las 9hs se realizará una
conferencia de prensa en la puerta del tribunal junto a las organizaciones que adhieran
a esta iniciativa contra el saqueo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
ANSES a través de las políticas de Macri y el FMI.

El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE denunció
la Resolución Conjunta 37/2018, Secretaría de Finanzas y Secretaría de
Hacienda, que dispone la trasferencia de 86.000.000.000 millones de pesos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en letras del Tesoro
nacional a los efectos de hacer frente a gasto corriente.

El FGS está integrado por los aportes efectuados por los
trabajadores activos, durante la vigencia del sistema de capitalización y que
fueron transferidos al ANSES -en el año 2008- al estatizarse el sistema de
AFJP. En la actualidad estos fondos anticrisis están siendo, paulatinamente,
disminuidos dado que gestión de la ANSES los utiliza para afrontar el pago de
gastos corrientes del Estado.

Por
lo tanto aquello que fue creado como garantía de sustentabilidad del régimen
previsional, en favor del cumplimiento de los derechos de los jubilados y
pensionados, pasa ahora a usarse por el Gobierno para fines diferentes para los
cuales fuera creado.

Una
referencia significativa, en relación a lo desarrollado en este punto, es lo
informado por el Gobierno Nacional, dentro de los considerandos del acuerdo que
lo vinculó con el FMI, cuando dice que: “el Estado Argentino va a amortizar
activos de los fondos de pensión…como un medio para ayudar a financiar el pago
de jubilaciones, a un ritmo anual equivalente al 0,4 por ciento del PBI”.

El
presente decreto como así también las leyes 27260 (“reparación histórica”) y
27426 (reforma previsional), viola derechos constitucionales y de los tratados
internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, que garantizan
la inviolabilidad del derecho de propiedad, la obligación del Estado de
garantizar los beneficios de la seguridad social con carácter integral e
irrenunciable, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, autonomía
económica y financiera y administración por los interesados de la seguridad
social.

Por último la política en curso, conforme la orientación de
los organismos financieros internacionales, tiene por finalidad generar un
espacio para volver a implantar los seguros privados en materia de jubilaciones.

Estamos en presencia de una política de destrucción de
derechos y de asistencialización de los sistemas de seguridad social
contrapuesta a la Constitución Nacional. Esta última reconoce a los
trabajadores el derecho a percibir una jubilación digna que garantice, a lo
largo del tiempo, su nivel de vida, generalizando un régimen universal de
movilidad vinculado al 82% del salario en actividad.

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