“No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo
cómo se deterioran nuestras políticas públicas ante las amenazas de bomba”,
expresó el secretario general del sindicato, Daniel Catalano, en la conferencia
de prensa que compartió esta mañana con Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora), Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por
Razones Políticas), Laura Conte (Centro de Estudios Sociales y Legales-CELS), y
Amy Rice Cabrera (H.I.J.O.S – Directorio de organismos humanos del Ente Público
Espacio Memoria y Derechos Humanos).
“No podemos guardar silencio frente a esta
situación. Venimos de 12 años en los que el Estado pudo fortalecer la lucha de
nuestras compañeras y compañeros y no podemos abandonarlo: nuestro deber es
hacer pública esta situación, incluirnos en la causa y evaluar las mejores
condiciones para no dar lugar a que aquellos que atentan contra nuestra
institucionalidad sigan avanzando”, sostuvo Catalano en el Auditorio Mabel
Gutiérrez del emblemático edificio de cuatro columnas de la ex ESMA.
La conferencia fue convocada por el sindicato y
organismos de derechos humanos frente a las más de 50 amenazas de bomba
recibidas desde junio de 2015 en el ex centro clandestino de detención, y contó
con la participación de Ivan Wrobel (Responsable de Derechos Humanos de ATE
Capital), Romina Chiesa (Delegada Pro-Organización del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos) y Diego de los Santos (Delegado General de la Junta Interna
del Ente Público).
Taty Almeida manifestó su preocupación por la
interrupción de las actividades que genera la evacuación por las amenazas y
pidió celeridad en la causa judicial para poder dar con los responsables:
“Sabemos que el fiscal está haciendo todo lo posible, pero queremos que se
intensifique la investigación”. Además, denunció que “este gobierno está
tratando de barrer como un tsunami los avances logrados hasta la fecha en
derechos humanos” y llamó a “estar alertas no solamente por las amenazas de
bomba, sino también por todas las vulneraciones a los derechos humanos, como el
derecho al trabajo”, en alusión a los cientos de miles de despidos registrados
en el país desde la asunción de Mauricio Macri.
Catalano explicó que “ATE se ha presentado como
querellante en la causa porque queremos acompañar esta situación, porque
tenemos responsabilidades acá adentro, porque nos preocupa que se esté dañando
la política de Estado y porque queremos trabajar fuertemente para poder
mantener activa la memoria de quienes hemos padecido el gobierno cívico-militar
que nos secuestró, nos desapareció y robó a nuestros niños”.
En representación del directorio de organismos
humanos que integra el órgano ejecutivo del predio, Amy Rice Cabrera manifestó
su preocupación “frente a las declaraciones de que este espacio tiene que ser
custodiado por la policía o por agencias de seguridad privadas”. La integrante
de la agrupación H.I.J.O.S advirtió que “el conflicto por las amenazas de bomba
no puede ser la excusa para empezar o querer imponer una identidad represiva en
lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio y que hoy
es un espacio para la memoria y la construcción colectiva”.
Además, cuestionó el ámbito en el que el gobierno
expresa sus propuestas de gestión relativas al Espacio Memoria y Derechos
Humanos: “Se tienen que discutir donde corresponde, en el directorio de
organismos de derechos humanos y en el órgano ejecutivo que gestiona el predio
desde 2004”. En cuanto al protocolo de evacuación, Rice anunció que desde el
directorio de organismos humanos que integra el Ente Público que gestiona la ex
ESMA impulsarán la realización de una reunión con especialistas en seguridad e
higiene de ATE “para que puedan tener acceso al protocolo y hacer sugerencias
para mejorarlo”.
