Tras los reiterados y constantes recursos presentados por la ATE Mendoza, la Justicia determinó reintegrar a un trabajador despedido en la Dirección Provincial de Vialidad, junto con el pago de sus salarios caídos.

Desde el CDP expresaron que “asistimos a una batalla gremial y legal luego de entablar un proceso judicial de 4 años, que culminamos con una reivindicación fundamental sobre los derechos que la patronal intenta avasallar sobre las bases, como lo fue en este caso, la estabilidad laboral”.

“Nos sentimos muy orgullosos y contentos de pertenecer a un sindicato tan grande como ATE, que representa a todos los estatales. Remarcamos esto porque hoy salió una sentencia favorable a un trabajador que fue cesanteado en el año 2018 en Vialidad Provincial en el departamento de Malargüe. Injustamente fue apartado de su fuente de trabajo y este proceso llevó su tiempo, donde a través del apoyo y asesoramiento que brindó nuestro gremio, el trabajador mantuvo su perseverancia en la lucha”, apuntó Benito Martínez, secretario general de la seccional ATE Malargüe.

Precisamente, la Segunda Cámara de Trabajo ofreció un dictamen favorable al recurso de amparo que presentamos contra la Dirección Provincial de Vialidad. A fines del mes pasado, el compañero se reincorporó a su lugar de trabajo y le tienen que abonar todos los salarios caídos desde mayo de 2018 hasta el mismo mes de 2021.

“Este triunfo contra la patronal es muy importante para nuestro sindicato porque habla bien de la gente que lo conduce, siempre priorizando los intereses colectivos sobre los personales y en defensa de los derechos de la clase obrera”, subrayó el referente malargüino.

En esta misma sintonía se expresó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, tras señalar que “la reincorporación del compañero representa un hecho histórico para nuestro sindicato, porque este fallo judicial marca un precedente en la provincia. La patronal debe entender que no puede echar trabajadores de manera arbitraria, ya que para eso se deben realizar todos los procesos sumariales previos, recibiendo descargos y brindando la posibilidad de ejercer derechos a defensa como le corresponde a cada trabajador del Estado. Luego de ese completo proceso, la Justicia es la que tiene que dirimir si existe o no un concreto avasallamiento sobre los trabajadores”.