La propuesta del Municipio de Paraná llegó el pasado lunes,
cuando los trabajadores nucleados en ATE realizaban una asamblea para definir
la continuidad de las acciones gremiales. Se firmó un acta acuerdo y se
levantaron las medidas. El sindicato, igualmente, mantendrá el estado de alerta
“para monitorear el cumplimiento” de los puntos pactados.

La Asociación de Trabajadores del Estado había convocado a
asamblea, para este lunes por la mañana, para profundizar las medidas de fuerza
en el sector Salud de la comuna paranaense por la falta de respuestas a sus
reclamos. En el lugar se hicieron presentes la secretaria de Desarrollo Social,
Candela Carminio, y el subsecretario de Salud, Javier Fernández, con decretos
firmados por el intendente Sergio Varisco para la cobertura de cargos de cuatro
empleados y una serie de compromisos que se plasmaron en un acta acuerdo.

 Uno de los puntos
acordados fue llevar un monto adicional de 800 pesos a 1000 en dos meses y
reverlo en noviembre para aumentarlo a 1300. El dirigente de la Junta Interna
Municipal de ATE, Santiago Scetta explicó que en realidad no es un adicional
“definido y establecido en ordenanza” sino que “se paga como horas extras,
complementarias o tareas especiales” y siempre queda a voluntad del funcionario,
situación que el gremio busca cambiar.

También hubo un compromiso para crear cargos para
trabajadores de mayor antigüedad “que cumplen funciones importantes pero no se
les reconoce económicamente”, contó.

Además, se fijó el pase de contratos de obra a servicios, de
dos trabajadores por mes, para llegar a diciembre “sin ningún trabajador con
contrato de obra en Salud Pública”.

“Pedimos en el acta acuerdo, y la funcionaria se comprometió
a que iba a ser así, que no se descuenten los días, ni se apliquen sanciones
sobre los compañeros que han estado de asamblea y retención de servicios”,
precisó Scetta. Explicó además que se aceptó “levantar la medida de fuerza
siempre y cuando estos puntos se vayan dando”.

El gremio resolvió mantener el estado de alerta y
“monitorear” el cumplimiento de lo pactado. “De no cumplirse se volvería a la
retención de servicios y medidas de fuerza”, sostuvo.