Frente a las declaraciones del Ministro de Defensa, Luis Petri, publicadas en el diario Clarín el 12 de abril de 2024 en el artículo ‘Polémica en Defensa: Luis Petri echó a un equipo que investigaba archivos de la dictadura, al que acusó de “perseguir” a los militare’ es importante desmentir los argumentos allí utilizados, que estigmatizan y descalifican a trabajadores y trabajadoras estatales. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional expresaron que es necesario destacar la tarea que, con enorme valor para la Justicia, llevaron a cabo trabajadoras y trabajadores sumamente calificados, con gran responsabilidad, compromiso y profesionalismo, respondiendo a requerimientos judiciales en causas de lesa humanidad.
El responsable de la cartera de Defensa se refiere al Equipo de Relevamiento y Análisis Documental en Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de ese Ministerio –del cual despidió a 10 de 13 trabajadores y trabajadoras el pasado 27 de marzo- a quienes definió como “un grupo parajudicial con facultades que sólo cuenta la Justicia: Podían tener llaves de todas las oficinas, requisar y meterse en los archivos, precintar lo que quisieran sin tener una orden judicial”, según expresa la nota.
En ese punto, vale destacar que el ERyA fue creado por la resolución ministerial 308/2010 y les fue otorgado un carácter permanente mediante la RESOL-2023-1573-APN-MD. Es decir, los trabajadores y trabajadoras a quienes el Ministro difama se desempeñaron durante cuatro gobiernos de distinto signo político, desde 2010, con el adecuado marco institucional. Ambas resoluciones afirman la necesidad de conservación y protección de los registros documentales existentes y la importancia de relevar toda la documentación de valor histórico y/o judicial que las FF.AA. posean en sus diferentes áreas de archivo, lugares de custodia y/o almacenamiento de documentación.
En el artículo se explica que el Ministro sostuvo: “Los informes que produjeron no están en el sistema, yo como Ministro no puedo acceder, los mantuvieron en secreto en sus computadoras y en los últimos tiempos fueron con memorias portátiles a llevárselos. Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”. Se trata de una acusación muy grave y falsa ya que toda la documentación e información en los respectivos discos rígidos producida durante 14 años de trabajo siempre se encontró a disposición de todas las gestiones ministeriales, además de que la labor siempre fue enmarcada institucionalmente respondiendo a las respectivas gestiones amparadas en las resoluciones antes mencionadas.
Sobre las y los trabajadores del ERyA, el Ministro además acusó: “No sabemos a quién respondían. Tenían 6 informes publicados en 14 años”. En este punto, es importante mencionar que el contenido de los informes realizados por el ERyA no es divulgado porque contienen datos que pueden ser relevantes para una investigación penal. Por lo tanto, darle publicidad puede afectar a la marcha de la causa. Los informes del ERyA no se publicaban, se ponían a disposición de los funcionarios a cargo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en cada gestión correspondiente.
El ERyA trabajó además en numerosos proyectos especiales en conjunto con las Fuerzas Armadas, poniendo a disposición para la sociedad en su conjunto fondos documentales posibles de ser consultados. Por ejemplo, en el marco de la conmemoración del 40°aniversario del Conflicto Bélico del Atlántico Sur, se digitalizaron los fondos y colecciones sobre la Guerra de Malvinas en guarda en los archivos históricos de las Fuerzas Armadas y, por primera vez desde el Conflicto, se pusieron a disposición de toda la sociedad argentina, documentos de esos acervos en el sitio web Archivos Abiertos.
A meses de haberse cumplido 40 años de la recuperación de la Democracia, resulta extremadamente grave que un Ministro –proveniente de las filas del partido que promovió el Nunca Más- se dedique a intimidar y perseguir a trabajadores y trabajadoras que llevan adelante desde hace 14 años una política de Memoria reconocida internacionalmente, divulgando para ello acusaciones infundadas, que remiten a los años más oscuros de la historia argentina reciente.
Por todo lo expuesto, desde ATE se exige que se garantice la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y que cese de inmediato la persecución y el hostigamiento a las y los trabajadores estatales garantizando la estabilidad del empleo público como marca la Constitución Nacional.
