En un claro acto discriminatorio y
revictimizador,  Paula Ferioli fue
despedida del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).  En 2017, la trabajadora –contratada  de forma precarizada desde hace seis años-
comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de quien era su
pareja. Como consecuencia de ello, debió tomarse distintas licencias. A
principios de este año fue la primera mujer es solicitar la licencia específica
por violencia de género en el organismo. Presentó copia de la denuncia a su ex
pareja y otras certificaciones pertinentes para acreditar su situación. Sin
embargo, en junio, a poco de reintegrarse al trabajo, fue avisada
telefónicamente de su inminente despido.

Ferioli es abogada y madre de dos hijos,
quienes están a su cargo, perimetral y botón antipánico mediantes. Pese a su
delicada situación, la mujer es hostigada por parte de las autoridades del
Instituto desde 2018, cuando comenzaron a renovarle el contrato solo por tres
meses, agregando mayor inestabilidad a su difícil situación.

Desde ATE Nacional exigimos su inmediata
reincorporación y denunciamos tanto al INAES como a UPCN, por ejercer y reproducir
la violencia de género en lugar de garantizar y defender los derechos de la trabajadora.

Así, luego de recurrir al
delegado general de UPCN, Mario Uribe, Ferioli contó: “Acabo de hablar con el delegado.
Me gritó que no le interesa mi situación, que mi licencia no le constaba. Según
él, a mi despido lo decidieron otros. Le dije que le fui a hablar por ser mi
delegado gremial y ante mi amenaza de ir a UPCN Central, me empezó a gritar”. Uribe
es, paradójicamente, representante sindical y al mismo tiempo Director Nacional
de Desarrollo y Promoción del organismo.

Luego de esto pidió audiencia al presidente
del organismo, Marcelo Collomb, para conocer con certeza su situación y poder
plantear sus argumentos de defensa. Le dijeron que la iban a llamar cuando el
jerárquico pudiera atenderla. Le habían dicho que no se moviera de su
escritorio y por ello la trabajadora se las arreglaba para buscar a sus hijos
de la escuela y volver a sentarse a su lugar de trabajo hasta la nochecita. Sin
embargo, el contrato terminó el 30 de junio y el 1 de julio se encontró con que
éste había sido dado de baja y ya no pudo ingresar a su lugar de trabajo.

Una vez excluida del organismo, Paula se
enteró de que su jefa, Mirta López, había reunido a sus compañeros de trabajo
para convencerlos de que el despido era justificado por las faltas abundantes y
menor productividad. La funcionaria había terminado sus palabras con un mensaje
amenazador: “a todos se les termina el contrato en diciembre”.

El miércoles 17 de julio a las 12, los
trabajadores y trabajadoras del Instituto se reunirán en una asamblea abierta
en la vereda del organismo (Belgrano 172, Ciudad de Buenos Aires) para debatir
qué hacer en relación a la violencia y discriminación sobre Paula.