Desde ATE Mar del Plata, emitieron un comunicado en el que
manifestaron la preocupación por la situación de la Comunidad Terapéutica de
Atención de las Adicciones (CT) del Bº Chapadmalal que, tras meses de
conflictos y denuncias públicas, permanece cerrada. Se trata del único efector de
salud del Estado que aborda la problemática en la ciudad y la zona con la
modalidad de internación. También alertaron que el gobierno pretende
convertirlo en una Casa de Día.

“Esta situación ocurre luego de que la provincia reanudara
de manera arbitraria e irresponsable el ingreso de pacientes que, tiempo más
tarde, tuvo que reubicar en otros lugares de atención por no poder asistirlos,
aún ante las denuncias públicas realizadas desde nuestra ATE”, añadieron desde
el gremio.

Asimismo, denunciaron que los múltiples informes presentados
por el Departamento de Salud Laboral de ATE, así como la intervención del
Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental o la del Defensor del Pueblo, fueron
desoídos por las autoridades provinciales, que se negaron a tomar la decisión
política de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento y el nombren
personal.

“Hacemos responsables a las autoridades provinciales y en su
nombre a la gobernadora, María Eugenia Vidal, porque este es un conflicto que
ya lleva un año. Muchas cosas podrían haberse hecho en ese año en lugar de
darle la espalda a lxs trabajadores, que fuimos los que históricamente
sostuvimos la atención, aún con dinero de nuestro bolsillo. Esa situación no
está muy lejos de reiterarse ya que lxs futurxs pacientes de la Casa de Día
deberán contar con no menos de cien pesos por vez que vayan a alguno de los
espacios terapéuticos. Eso contempla dos boletos de micro urbano y dos de media
distancia (boletos ida y vuelta). Lo creemos poco probable a sabiendas de la
realidad socio económica de nuestros pacientes y, en el mejor de los casos,
será accesible sólo para algunxs, abandonando el concepto de universalidad de la
salud y la obligación del Estado de garantizarla”, expresaron.

 “Exigimos al Estado
provincial la urgente regularización de las necesidades que surgen de la
apertura plenamente operativa de la Comunidad Terapéutica de internación para
Atención de las adicciones”, concluyeron.