El Consejo Directivo Provincial de ATE Chaco advierte que la situación
de violencia laboral por razones de género, irregularidades, autoritarismo y
abuso de poder en el Municipio de Corzuela por parte del intendente Rafael
Carrara superó cualquier límite institucional al que debiera ajustarse todo
accionar de un funcionario público en estricto respeto de las normas
democráticas. Por ello y tomando en cuenta que la gravedad las acciones constituyen
también un ataque al sistema democrático, solicita la urgente intervención de
los poderes Ejecutivo y Judicial.

Se trata de cinco trabajadoras de planta que todavía no cobraron su
sueldo de julio, siendo que el resto de las y los trabajadores municipales
percibieron su salario en tiempo y forma. Es tal la impunidad con la que se
maneja el intendente Carrara que, además de violentarlas de todas las formas
posibles al punto tal de quebrarlas emocional y psicológicamente, les niega el
acceso al sueldo, que es un derecho adquirido indiscutible de las y los
trabajadores.

Según manifestaron los funcionarios municipales el motivo de la
retención salarial es que el intendente no aprobó el certificado médico de
licencia por razones de salud mental que presentaron las trabajadoras y por lo
tanto no permitió esa licencia. Un accionar completamente arbitrario y
autoritario que demuestra el despotismo del intendente en claro desconocimiento
de los derechos laborales vigentes.

El certificado presentado está avalado y firmado no sólo por una
psicóloga matriculada local sino también por el informe psicológico que realizó
la Secretaría de Derechos y Humanos y Géneros de la Provincia donde las
trabajadoras denunciaron formalmente al intendente por persecución política e
ideológica y violencia psicológica, laboral y patrimonial por razones de
género. Carrara debería saber que el derecho básico de todo trabajador a una
licencia por razones de salud, establecido por normas y leyes provinciales,
nacionales e internacionales, por obvias razones, no está supeditado a la
voluntad de un intendente o funcionario público. No necesita su aprobación.

Desde el CDP ratificaron la importancia de la intervención del
Ejecutivo provincial, como garante de los derechos laborales, y de los derechos
humanos de todas las personas que habitan en el territorio provincial,
interviniendo en las relaciones de poder, a través de las cuales una persona,
extralimitándose en sus atribuciones, ejerce violencia hacia otras personas. En
ese sentido, afirmó el gremio “nos preocupa ver que el secretario de Municipios
Rodrigo Ocampo, estando al tanto de toda la situación, se haya paseado por el
pueblo junto al intendente, en lo que se puede interpretar como una muestra de
apoyo político y percibir como una provocación a las trabajadoras que esperaban
que cumpla su compromiso de intervención para el cese de la violencia y
restitución de sus derechos violados sistemáticamente”.

Por ello también ratificaron que “la violencia hacia las trabajadoras,
ejercida por Carrara, se sostiene en la complicidad de un grupo de apoyo del
intendente para concretar la persecución laboral, psicológica e ideológica que
derivó en un enorme daño emocional y psicológico de las trabajadoras. Pero
también se sostiene en la falta de intervención del Poder Ejecutivo y del Poder
Judicial que deberían garantizar mínimamente el cumplimiento el cumplimiento de
los derechos y las garantías”.

Violencia laboral de
género

Las trabajadoras municipales de Corzuela nucleadas en ATE y
representadas por la delegada Gisela Lorena Íbalo, vienen sufriendo
hostigamiento, persecución política e ideológica y violencia laboral,
psicológica, emocional, y patrimonial por razones de género, desde fines del
año pasado luego de que el intendente Carrara resultara electo en las
elecciones Municipales en las que las trabajadoras apoyaron públicamente a otro
candidato.

A partir de allí, les negó el ingreso al edificio municipal donde
cumplían funciones, y las trasladó a los lugares más inhóspitos a cumplir
horas, sin ninguna otra función, más que padecer la falta de condiciones dignas
que la ley establece que se deben garantizar a todo trabajador y trabajadora.
Han tenido que cumplir horas en un galpón con desechos y basura, donde una de
ellas fue picada por un alacrán; en el cementerio donde las quiere volver a
afectar, que está ubicado en una zona muy insegura, alejada del centro de la
ciudad, para lo cual dependen de un vehículo municipal para ir y volver, que ya
las ha dejado abandonas y han padecido hechos de inseguridad y violencia, sumamente
traumáticos.

Al inicio de la emergencia sanitaria cumplían horas en el patio del
Municipio, a la intemperie con bajas temperaturas y ante una pandemia por
coronavirus. Al principio tenían un banquito para sentarse pero ante la queja
de las trabajadoras, de castigo, les sacó el banquito, y mandaba a mojar el
piso para que ni siquiera se puedan sentar un ratito en el suelo en una clara
actitud paternalista y patriarcal que castiga a la mujer que cumple sus
mandatos.

Las trabajadoras permanecían paradas toda la jornada esperando que el
tiempo pase para volver a su casa, para conservar el empleo del que ya fueron
amenazadas que serán despedidas, sin justa causa, luego de la pandemia. Además,
a dos de ellas les quitó la recategorización ejerciendo también un daño
económico, de manera totalmente arbitraria e ilegítima.