A dos días de que representantes de la ATE Chaco mantuvieran una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informando sobre la situación de violencia y persecución laboral que se vive en el Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, las autoridades de ese organismo determinaron nuevos despidos.
Un trabajador ya fue notificado del cese de sus funciones, y el sindicato se declara en estado de alerta ante las acciones que realicen el Presidente del Comité Kevin Nielsen, el Vicepresidente Darío Edgardo Gómez y las Comisionadas Ariela Álvarez, Silvina Canteros y Bashe Charole. En este sentido, cabe recordar que Ariela Álvarez y Darío Edgardo Gómez fueron denunciados en 2019 por persecución y maltrato laboral.
Asimismo, dos trabajadoras se vieron obligadas a firmar un acta informativa en la que, además de establecer exhaustivamente sus funciones y horarios, en el apartado “De otras actividades” establece: “para el acabado cumplimiento de tareas y objetivos demarcados por las autoridades de este Comité para la Prevención de la Tortura, podrán excepcionalmente requerirse participación en otras actividades y/o eventos que realice esta Institución”.
Cabe recordar que las y los trabajadores del Comité están precarizados, mediante contrato de servicios cuya renovación se produce cada tres meses, con la aparejada incertidumbre e inestabilidad. Más aún ante la cercanía del final del año.
Desde agosto de 2021 hasta la fecha fueron despedidas/os nueve (9) trabajadoras/es. Las y los trabajadores en su mayoría cuentan con una antigüedad de hasta 8 años en la institución, siendo designados para ocupar los puestos de trabajo mediante disposiciones y resoluciones.
Las y los trabajadores vienen presentando denuncias desde mediados 2021, cuando asumieron las y los nuevos titulares del organismo, por los despidos, reducciones salariales, reducciones laborales, cambios injustificados en la estructura del organismo, mayor precarización e inestabilidad laboral, y desfuncionalización.
Las mismas fueron elevadas a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, a la Cámara de Diputados, al INADI Delegación Chaco, y a la Subsecretaría de Trabajo.
Prensa ATE Chaco
