El salario para la administración central pasa en agosto a 870.000 pesos, un poco más de la mitad de los 1.600.000 pesos estimado para cubrir la canasta básica de una familia tipo y no caer bajo la línea de pobreza.

“Vamos a defender cada puesto de trabajo y los derechos de nuestros compañeros y compañeras”, subrayó Carlos Sajama, titular de la ATE provincial.

La ordenanza otorga un mes al Ejecutivo para que comience un proceso paulatino de blanqueo de todos esos ítems. También destaca que puede derogarse toda disposición municipal que se oponga a lo resuelto por el cuerpo deliberativo.