La Justicia admitió tratar el amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que, mediante una cautelar, se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el presidente Javier Milei. “Es un avance en los esfuerzos para ponerle freno a un DNU que destruye derechos de todos y que fue redactado por 4 o 5 empresarios”, apuntó el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.
“Es tan alta la concentración económica y el poder del gran empresariado nacional que ahora hasta intentan legislar a través del Presidente”, analizó el dirigente y disparó: “Si mediante un decreto se pretende reemplazar las funciones del Congreso que está plenamente habilitado para sesionar, lo que está en riesgo es la República y la Democracia”.
La causa judicial que pretende declarar la nulidad insanable del DNU 70/2023 por ser inconstitucional y antidemocrático fue radicada en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 a cargo del Dr. Esteban Carlos Furnari.
“Quedó claro que no se cumplen los extremos que justifiquen la emisión de un decreto de esta naturaleza. No hay ninguna necesidad ni urgencia para pretender derogar y modificar más de 300 leyes. La única urgencia es profundizar la concentración económica de las grandes empresas, transfiriéndoles los recursos desde los trabajadores, jubilados y sectores populares, y la necesidad es la que tiene Milei de complacer a sus mandantes”, señaló Aguiar.
En este marco, el dirigente detalló: “Desde ATE hemos definido la estrategia de enfrentar este Decretazo en tres planos. El primero en el Congreso, donde ya mantuvimos reuniones con diputados y la semana entrante lo haremos con senadores; el segundo es mediante esta presentación en la Justicia; y el tercero decididos a luchar en calle. Este último es el único que depende de nosotros”.
El amparo fue presentado en conjunto con el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Movimiento La Ciudad Somos los que la Habitamos. El mismo exige se suspendan los efectos del decreto por:
• Violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3);
• Constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público;
• Constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público;
• Violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes.
