La Asociación Trabajadores del Estado Formosa adhirió a la iniciativa de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma que promueve el juicio político contra el presidente Javier Milei y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por llevar adelante un plan de gobierno que viola las leyes vigentes que garantizan la paz social. Además se cuestionó el DNU 70/23 que modificó alrededor de 80 leyes sin intervención del Congreso Nacional.
Es importante recordar que el juicio político es un procedimiento constitucional y administrativo mediante el cual se ejerce el control sobre altos funcionarios públicos para juzgarlos por mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones.
Entre las múltiples irregularidades detectadas por ATE se pueden mencionar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), sancionada en agosto de 2025 y ratificada por el Congreso Nacional pero que el Poder Ejecutivo no cumple pese a varios fallos judiciales; la Ley de Emergencia en Discapacidad (Nº 27.793), la que habiendo atravesado una fuerte resistencia desde su aprobación por el Congreso y durante su implementación parcial por parte del Gobierno nacional, lo que motivó reclamos judiciales y movilizaciones, no se cumple de forma integral; entre otras.
Este escenario se da en medio de múltiples casos de corrupción y escándalos que involucran a altos funcionarios del Gobierno nacional como el propio presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia; también a Manuel Adorni, ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete, removido de su cargo por presunto enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsedad ideológica; Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) procesado bajo sospecha de formar parte de una red de corrupción, coimas, sobreprecios y direccionamiento de contrataciones de medicamentos; José Luis Espert, procesado y embargado por la Justicia Federal por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; entre otros casos resonantes.
Mientras el Gobierno criminaliza la protesta y persigue a dirigentes sindicales, ATE junto a otras organizaciones sindicales, sociales y políticas realiza diversas acciones para impedir el remate del Estado, de los recursos naturales y el empobrecimiento social, mediante presentaciones judiciales en contra del avasallamiento de los derechos constitucionales.
Foto: prensa, ATE Formosa (archivo).
