Este lunes ATE advirtió que, de acuerdo a la última actualización de la Junta Interna de ATE en el INDEC sobre los informes de salario mínimo y pérdida de poder de compra, para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, un estatal necesitaría un aumento del 47% . Asimismo, una trabajadora o trabajador necesitó un salario mínimo necesario de $2.651.598 para cubrir las necesidades mínimas de un hogar tipo, compuesto por una pareja de 30 años y con 2 hijos en edad escolar.

De acuerdo al relevamiento de septiembre de 2026 la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de La Libertad Avanza – siguiendo el caso testigo analizado – perdió un 32% de su poder de compra desde noviembre de 2023. Desde una perspectiva histórica que abarca el periodo 2015-2026 se registra una pérdida del 57,2%, equivalente a 46,5 Canastas Básicas Totales.

La situación de las y los trabajadores contratados como monotributistas es aún más acuciante, con una pérdida acumulada alcanza los $7.246.582, equivalente a más de 9 sueldos en los últimos 102 meses.

El informe también remarcó la recesión y la caída de la actividad actual, a partir del dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que registró una caída del 1,7% interanual en agosto. También la industria manufacturera retrocedió 4,9% y las ventas en supermercados cayeron 2,1%. En paralelo se perdieron más de 370.000 puestos de trabajo registrados (287.000 en el sector privado) desde el inicio de la gestión.

Ante los insuficientes ingresos aumentó el nivel de endeudamiento y mora de 21 millones de personas y el sector público nacional, la mora irregular trepó al 18,6%.

Por eso ATE exige la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), exigiendo la no postergación de los criterios técnicos que garantizan la independencia técnica del organismo. También se demanda la reapertura inmediata de paritarias; un aumento salarial de emergencia del 47% en una sola cuota y bono mensual de $500.000.- para todas las modalidades contractuales; el pase a planta permanente de las y los trabajadores precarizados; la prohibición de despidos y la reincorporación de quienes fueron despedidos; y un plan de desendeudamiento familiar y freno a las tasas usurarias.

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