Este lunes ATE San Luis reiteró la necesidad de abrir un espacio de discusión con el Gobierno provincial, legítimo por derecho constitucional a nivel nacional de acuerdo al artículo 14 bis, para negociar las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores estatales puntanos, quienes atraviesan una acuciante realidad económica provocada principalmente por los bajos salarios y la suba del costo de bienes y servicios. El Sindicato advirtió que se trata de un modelo de gobierno que parece buscar el empobrecimiento del sector de forma planificada.
Desde ATE se destacó que, de acuerdo a los datos oficiales, hay evidencias de que el Gobierno provincial dispone de recursos económicos suficientes para implementar estrategias que alivien la grave crisis económica de las y los estatales, quienes se endeudan para cubrir los costos de vida mínimos.
Según información de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial (Secretaría de Hacienda – Ministerio de Economía de la Nación), la provincia de San Luis presenta en el primer trimestre de 2026 un stock de deuda consolidado del 0,0% y una deuda en moneda extranjera del 0,0 %. Además, los depósitos de la provincia en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzan cifras contundentes: depósitos totales por 1.043.091 Billón de pesos; un fondo único de cuentas oficiales (FUCO) con 812.430 millones de pesos; y 39 millones de dólares en moneda extranjera.
Estos números oficiales confirman que San Luis se encuentra en una situación financiera con holgura fiscal y recursos disponibles. Sin embargo, el Gobierno de Claudio Poggi, al igual que el nacional, impone un ajuste sostenido sobre los salarios de quienes sostienen el Estado y sus políticas públicas. Esto genera aumento exponencial del endeudamiento en el sector, entre otros efectos negativos.
ATE registró la pérdida de poder adquisitivo de las y los estatales y la calificó como ‘real y brutal’. Según datos del Índice de Precios al Consumidor nacional (variación diciembre 2023 – julio 2026) el nivel general es de 241,8%; en torno a la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles asciende a 530,6%; educación es del 420,8%; bienes y servicios varios es de 283,9 %; transporte del 274,0%. En el orden provincial, la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 239,62%, mientras que los aumentos salariales acumulados apenas llegaron al 150,71%.
“Esto significa que las y los trabajadores estatales de San Luis hemos perdido más del 100 % de poder adquisitivo. Los salarios no acompañan la inflación ni el aumento de los servicios esenciales. La brecha es deliberada. La pobreza es planificada y es el resultado de un plan de ajuste que prioriza el superávit y la imagen de “orden fiscal” por sobre la dignidad de quienes sostienen el Estado. Mientras la provincia exhibe deuda casi nula y depósitos millonarios en el Banco Central de la República Argentina, los trabajadores y trabajadoras estamos cada vez más endeudados”, expresaron desde ATE San Luis.
La pérdida sistemática de poder de compra y la dificultad creciente para pagar servicios básicos (luz, gas, agua, alquiler) potencian el empobrecimiento real de las familias estatales.
Por eso ATE remarcó que el ajuste debe aplicarse sobre la estructura de privilegios y no sobre quienes mantienen en funcionamiento hospitales, escuelas, la seguridad, administración y servicios públicos.
Finalmente exigió una recomposición salarial inmediata que recupere el poder adquisitivo perdido; aumentos que igualen o superen la inflación real acumulada; que los recursos existentes se destinen a quienes trabajan todos los días para que la provincia funcione y el fin del ajuste sobre los salarios estatales.
Foto: prensa, ATE San Luis (archivo).
