El presidente de la CLATE, Julio Fuentes,
habló este viernes 14 de junio ante la sesión plenaria de la 108ª Conferencia
Internacional del Trabajo en Ginebra. En su discurso, defendió la necesidad de
un Estado fuerte para garantizar trabajo decente y justicia social, denunció la
persecución sindical y las reformas regresivas que se están implementando en
nuestra región, y se solidarizó con los trabajadores del Uruguay, luego de la
inclusión de ese país en la lista corta de OIT. A continuación, reproducimos la
intervención completa del titular de la CLATE.
Saludo la Memoria del Director General y el
Informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que será un eje
central de las discusiones del Centenario. Nos complace que el mismo esté
sustentado sobre la idea de un modelo económico centrado en las personas y
orientado a la promoción de inversiones en la economía real. Del mismo modo
compartimos el llamado a revitalizar el contrato social, para recuperar uno de
los principios constitutivos de la OIT: el que señala que el trabajo no es
mercancía.
Si el trabajo no es mercancía, los millones
de trabajadores y trabajadoras del mundo, formales o informales, urbanos o
rurales, precarizados bajo formas de contratación atípica, desempleados y
subempleados, todas y todos ellos podrán encontrar un marco desde el cual
puedan ser atendidas sus necesidades.
Promover el trabajo decente requiere de un
renovado y activo rol del Estado, porque en una relación desigual como es la
que existe entre trabajadores y empleadores, este es el único actor capaz de
nivelar la balanza a favor de la justicia social y el bienestar general.
Desarrollar medidas como las que señala el informe respecto a garantizar el
derecho a la formación a lo largo de la vida, invertir en las instituciones del
trabajo o incrementar la inversión en trabajo decente pueden alcanzarse con
incentivos, pero sin duda requerirá de un fuerte compromiso regulatorio, de
políticas públicas específicas y de acciones concretas por parte de los
Estados.
Servicios públicos de calidad, políticas
fiscales justas y de lucha contra la evasión, salvaguardias ante el
endeudamiento excesivo o desarrollo de tecnologías orientadas a la creación de
empleo decente son, entre otras, metas que los trabajadores del sector público
de América Latina y el Caribe suscribimos con entusiasmo, pero que requieren de
Estados fuertes y de políticas nacionales firmes.
Defendemos las instituciones del trabajo,
con las cuales interactuamos como sindicatos, pero vemos dificultades para el
diálogo social cuando se persigue con el código penal a los sindicatos por sus
acciones en el marco de la negociación colectiva, como ha sucedido con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Guatemala -cuyo asesor legal
hoy sigue en prisión- o con la Asociación Trabajadores del Estado en la
República Argentina, en el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la
Municipalidad de la ciudad de San Martín de los Andes o recientemente con la
condena a dos dirigentes sindicales, Alejandro Garzón y Olga Reinoso, de la
provincia de Santa Cruz.
Del mismo modo, las instituciones del
trabajo y el diálogo social peligran cuando se hostiga o debilita la justicia
laboral o se impulsan reformas laborales y previsionales regresivas, como en
Brasil y como el FMI impulsa en toda nuestra región.
Esperamos que la Conferencia recoja la
recomendación de la Comisión Mundial de establecer una garantía laboral
universal y una protección social universal desde el nacimiento a la vejez. Del
mismo modo anhelamos se instrumenten acciones para la defensa de los sistemas
previsionales públicos y solidarios ante el fracaso de los sistemas privados de
capitalización, documentado por la propia OIT a partir de un reciente informe
que revela lo sucedido en 30 países entre 1981 y 2014.
Por otro lado, desde la CLATE apoyamos lo
planteado en el punto V del orden del día, sobre la adopción de un Convenio y
una Recomendación sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del
Trabajo.
Quisiera concluir haciendo un llamado a los
mandantes tripartitos aquí presentes a reforzar nuestro compromiso con la paz
mundial.
El recrudecimiento del bloqueo a la
República de Cuba, los ataques a Venezuela (alentando un golpe de Estado y la
intervención militar externa) y las medidas arancelarias anunciadas contra
México, son algunas acciones tomadas por los Estados Unidos que impactarán
fuertemente a las economías de estos países y al mundo del trabajo.
Asimismo, las medidas contra los migrantes mexicanos
y centroamericanos por parte de los EE.UU. olvidan que han sido, en gran
medida, las políticas de este país para la región las que han llevado a estos
desplazamientos humanos.
Los trabajadores entendemos que estos
hechos condenables son el reflejo de intereses corporativos globales que operan
sobre nuestros países, más allá de los intereses de nuestros pueblos.
Revitalizar nuestras democracias, con mayor participación y diálogo social es
un urgente desafío.
Finalizo expresando mi solidaridad con el
pueblo trabajador y el gobierno del Uruguay por su lamentable inclusión en la
lista corta, en un país donde el diálogo social nos está permitiendo convivir
en paz y construyendo solidaridad y prosperidad. Muchas gracias.
