La ATE- Corrientes realizó un Congreso Extraordinario
de delegados para tratar la situación que atraviesan los estatales provinciales
y en la que el temario giró sobre el salario de los trabajadores, la situación
en los organismos descentralizados (IPS y IOSCOR) y la situación de los
trabajadores municipales y del ámbito nacional.
En lo que hace al salario de los trabajadores de la
administración pública correntina uno de los puntos de debate fue la necesidad
de recuperar el ingreso, teniendo en cuenta que hoy están con un importante
atraso. El promedio mensual del salario de un estatal oscila entre los 12.000 y
los 14.000 pesos, con un salario básico de 1.500 pesos.
Para profundizar más la crisis están las expectativas
inflacionarias del año, que se estima superarán el 45%. En este marco en el
encuentro del CDP los delegados dispusieron declarar el estado de movilización
y asamblea permanente y elaboraron un documento en el que piden al gobierno
reabrir las paritarias y un nuevo aumento del 40%, que se aplique a los
trabajadores estatales tanto provinciales como municipales.
En medio de estos cuestionamientos salariales también
está el plus de 4.500 pesos, que es pagado por la provincia mes a mes en cuotas
de 500 pesos y no es remunerativo. Sobre
ello el titular del CDP, Feliciano Romero, señaló que “funciona como una dádiva
o si se quiere como propina y que además ya es errático desde un principio
porque no figura en el sueldo”. El Congreso fijo su rotundo rechazo a este plus
y reiteró la necesidad de discutir verdaderamente la recuperación salarial.
Municipales y organismos
descentralizados
El plenario también se pronunció en contra de las
resoluciones del Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes que notificaron
como “lesivas” las designaciones en la planta permanente de unos 150 trabajadores municipales, incorporados a
través de una ordenanza municipal durante la gestión comunal de Fabián Ríos.
En tanto al Instituto
de Previsión Social (IPS) y el Instituto Obra Social de Corrientes (IOSCOR) el
gremio exigió que cesen sus intervenciones, que en algún caso ya rozan las dos
décadas y se les restituya la autarquía de ambas entidades.
