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El Gobernador Alfredo Cornejo despidió bajo ese argumento a empleados contratados del Casino de Mendoza y revocó 140 recategorizaciones. Sus compañeros culminarán mañana un acampe de 72 horas frente a la sede laboral y comenzarán el miércoles un paro por tiempo indeterminado. Hoy marcharon a la Casa de Gobierno, acompañados de varias organizaciones de distintas centrales obreras

“El
objetivo del gobierno es desprestigiar a los trabajadores de los Casinos para
privatizarlos y cobrar un dividendo por la maniobra. Esta acción fraudulenta
garantizaría además el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el
tráfico de armas y la trata. Precisamente, son los trabajadores quienes evitan
este tipo de operaciones mediante su fiscalización”, manifestó el Secretario
Gremial de ATE nacional, Mario Muñoz.

Lo
hizo desde la marcha que organizaciones de distintas centrales obreras
realizaron hoy hacia a la Casa de Gobierno, en la que Cornejo fue el blanco de
las críticas por tildar de ñoquis a los 85 trabajadores despedidos. El
Ejecutivo, a su vez, publicó el apellido y nombre de cada empleado en una
solicitada publicada el fin de semana en los matutinos mendocinos.

“El
despido de estos trabajadores pone en juego también la estabilidad laboral de
aquellos que los van a sustituir. Porque implica su cambio de tarea, horario y
traslado geográfico, entre localidades con distancias de hasta 200 kilómetros”,
precisó Mario Muñoz.

La
moda de echar trabajadores y achicar las cuentas del Estado en la provincia
cuyana había comenzado ya con el quite de adicionales entre los empleados de
Salud Pública y los despidos en los municipios de Las Heras, Guaymallén y
Lavalle.

Mañana
a las 7 finalizará un acampe de 72 horas frente a las puertas del Casino y
desde el miércoles los trabajadores del Instituto Provincial del Juego iniciarán
un paro por tiempo indeterminado con acampe frente a la Casa de Gobierno, en el
que cada familia despedida estará identificada con una carpa propia.

 

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“Tanto el Gobernador como el Ministro de Salud están practicando lo que en el Código Procesal Penal se denomina un ardid, es decir, un engaño preparado, tendencioso y temerario, en el que también incurrieron otros funcionarios públicos y fueron condenados por la Justicia, por querer engañar a los trabajadores y al pueblo”, manifestaron desde ATE Mendoza.

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