La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos presentó ante la Cámara de Diputados de la provincia su firme rechazo al proyecto de modificación del Código Procesal Laboral (Ley Nº 5.315), impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. El Sindicato advirtió que bajo el argumento de modernizar y agilizar el servicio de justicia, la iniciativa del Gobierno provincial profundiza el debilitamiento de las garantías procesales y colocan a las y los trabajadores en una situación de mayor desprotección frente a los empleadores y las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Entre los principales cuestionamientos al proyecto, ATE señala que la eliminación del depósito previo para apelar permite que los empleadores recurran sentencias sin garantizar previamente el pago de las condenas, debilitando la protección del crédito laboral y favoreciendo maniobras dilatorias.
Además, la centralización de las pericias médicas en Paraná concentra los equipos forenses en la capital provincial, reduciendo la capacidad de atención en el interior y obligando a trabajadores enfermos o accidentados a trasladarse para realizar sus evaluaciones.
Por otra parte, las restricciones a la evaluación de incapacidades laborales, a partir de la aplicación rígida de un baremo, limita la posibilidad de valorar integralmente las distintas patologías y los daños psicofísicos de las y los trabajadores.
ATE advirtió que el desfinanciamiento de las pericias judiciales a partir de la modificación de los honorarios de peritos y auxiliares puede desalentar la participación de profesionales especializados y afectar la producción de pruebas.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial implica privilegios fiscales para el Estado empleador. El proyecto establece exenciones que colocan al Estado provincial en una posición de ventaja económica dentro de los litigios laborales. Estas modificaciones contradicen principios fundamentales del Derecho del Trabajo, como el principio protectorio, la tutela judicial efectiva, la progresividad de los derechos y el acceso gratuito a la justicia.
Asimismo, ATE advirtió que una reforma de estas características no puede analizarse de manera aislada, sino en el contexto de un proceso de avance sobre derechos laborales y sociales que también se expresa en otras decisiones del Gobierno provincial.
ATE exhortó a las y los legisladores provinciales a desestimar el proyecto de reforma en tratamiento y convocar a una mesa amplia de diálogo institucional, con participación de organizaciones sindicales, colegios profesionales, magistratura laboral y universidades.


Una reforma que amplíe derechos, no que recorte garantizas
El Sindicato plantea que el Código Procesal Laboral necesita una actualización integral que permita superar las demoras judiciales, pero sin debilitar los derechos de quienes trabajan.
En ese sentido, propone avanzar en una justicia laboral más ágil y accesible, mediante la digitalización de los expedientes, la oralidad efectiva, la descentralización de los cuerpos médicos forenses, el sostenimiento de garantías económicas para recurrir sentencias y el fortalecimiento de los mecanismos de protección frente a las nuevas modalidades laborales.
La defensa de una justicia laboral independiente, accesible y verdaderamente protectora de los derechos de las y los trabajadores debe ser una prioridad. Modernizar no puede significar quitar derechos ni profundizar las desigualdades.
Participaron de la jornada el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, y Secretario de Organización, Víctor Sartori.
Fotos: prensa, ATE Entre Ríos.





