Este martes ATE reforzó el pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que explique ante la Cámara Legislativa cómo llevó a cabo los procesos de evaluación, clasificación, promoción y cambio de clase correspondiente al Régimen para el Personal de Investigación de las Fuerzas Armadas (RPIDFA), en particular respecto de las convocatorias 2025 y 2026. Asimismo, exigió revisar si se cumplió con la participación de las veedurías gremiales.
Es importante recordar que la semana pasada ATE había denunciado arbitrariedad en la evaluación del personal científico tecnológico y una abierta persecución e intento de proscripción de la veeduría sindical en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa. Las irregularidades en la administración del organismo también quedaron en evidencia durante la realización del Quilmes Rock, cuando las autoridades avalaron el uso del predio de CITEDEF como parking rentado a la empresa Sekeer Parking.
En este caso, el Sindicato reclamó que se analicen también las resoluciones administrativas 2025-240-APN-MD, firmada por el exministro Petri, y la Resolución 2025-2-APN-SIPIYPD#MD, suscrita por el actual Secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Katzenell, que consolidaron un proceso plagado de irregularidades, arbitrariedades y falta de criterio unificado, perjudicando a las y los trabajadores con más de 15 a 30 años de antigüedad y que reunían los requisitos reglamentarios para promocionar.
Además, demanda que se revise la composición de la Comisión de Clasificación y los Comités Especializados correspondientes a las convocatorias 2025 y 2026, indicando sus integrantes, funciones y antecedentes de designación.
Por otra parte las instancias previstas para la participación de las organizaciones sindicales mediante veedores gremiales y las facultades reconocidas a dichos veedores durante las reuniones de los Comités Especializados.
Finalmente exige acceder a las copias de las actuaciones administrativas, en caso de haberse producido observaciones, impugnaciones o presentaciones sindicales en algún momento de los procesos mencionados.
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