Luego de la protesta que llevó adelante ATE en la obra social de las Fuerzas Armadas, que implicó la ocupación de la sede central por parte de las y los trabajadores, renunció el Administrador General del organismo.
“Estamos esperando una respuesta oficial. Ayer entregamos en mano un petitorio a las autoridades para explicar la situación y, tras eso, nos imputaron por ocupación ilegítima. Lo cierto es que hay una mala administración de la obra social. Lo que ocurrió ayer fue de una violencia insólita. No solo afuera donde estaban nuestros compañeros y compañeras, muchos de ellos trabajadores de OSFA provenientes de distintas sedes del país y donde la Policía de la Ciudad desplegó un operativo desmedido, sino adentro del edificio. En la misma sala donde nos encontrábamos reunidos con funcionarios ingresaron alrededor de diez policías. Si eso no es un apriete, no sé qué es. En OSFA seguimos en alerta en todo el país y a la espera de respuestas concretas”, expresó Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta de ATE Nacional.
La medida de fuerza tuvo como objetivo principal evitar el despido de 600 estatales y lograr el restablecimiento de los servicios médicos suspendidos hace más de tres meses. Según advirtió ATE el vaciamiento del organismo significa el cierre de 33 las farmacias de la obra social, 11 los centros médicos y la cesión de 18 centros turísticos.
Luego de la protesta de ATE, el Gobierno denunció penalmente a las y los dirigentes sindicales por ‘violación de domicilio’. Esta situación, lejos de resolver el conflicto lo recrudece ya que no brinda soluciones a las demandas concretas del sector.
ATE alertó que el vaciamiento de la obra social es producto de la inadecuada administración del Gobierno nacional. Así se subrayó que cuando el ministro Petri asumió tenía en caja un superávit de $25.000 millones pero en la actualidad existe una deuda estimada en $500.000 millones. Señaló que durante este período también se registraron denuncias por manejos irregulares, entre ellas el desvío de un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gastos corrientes y deudas con droguerías.
El Sindicato instó a las autoridades a que expliquen el manejo de los fondos y transparenten los procesos administrativos que impiden a las y los trabajadores hacer uso pleno de sus servicios médicos.
Ante la falta de respuesta de parte del Gobierno nacional, el Sindicato profundizará su Plan de Lucha en el organismo.
Foto: Leandro Mastronicola.
