La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro demandó al Poder Ejecutivo Provincial que adopte medidas urgentes para proteger los salarios de las y los trabajadores estatales frente al alto nivel de endeudamiento y establezca un límite efectivo a los descuentos que se realizan mediante los recibos de haberes.
Para la ATE rionegrina resulta inadmisible que una trabajadora o un trabajador pueda llegar a cobrar unos pocos pesos o incluso quedar con un salario de bolsillo igual a cero como consecuencia de la acumulación de cuotas de préstamos y créditos descontados automáticamente.
Esto no es una situación hipotética. La Justicia laboral rionegrina ya intervino en casos extremos. En uno de ellos, una trabajadora sufrió descuentos que representaron casi el 99% de su haber neto y terminó percibiendo apenas $12.000; en otro expediente se acreditó un recibo con saldo neto de $0 luego de los descuentos crediticios.
“El salario tiene carácter alimentario y debe garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia. La propia Justicia de Río Negro ha dispuesto, en distintos casos, limitar este tipo de deducciones al 33% de las remuneraciones, luego de los descuentos legales, para preservar una parte sustancial del ingreso”, reclamó Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE Río Negro.
Desde el Sindicato expresaron que el Estado no puede ser un simple agente de cobro de entidades financieras, mutuales o crediticias y desentenderse de las consecuencias que esos descuentos producen sobre sus propias y propios trabajadores.
Por eso, la ATE rionegrina reclama al Gobierno Provincial que establezca un tope máximo para los descuentos voluntarios derivados de préstamos, créditos y otras obligaciones, garantizando que ningún estatal pueda quedar sin los recursos indispensables para alimentación, vivienda, servicios, transporte, salud y sostenimiento de su familia.
“El Estado tiene una responsabilidad indelegable. No puede permitir que un trabajador cobre cero pesos porque todo su salario fue destinado al pago de préstamos. Las deudas deben pagarse, pero nunca a costa de dejar a una familia sin recursos para vivir. Hay que ponerle un límite a los descuentos y también a los abusos financieros”, completó Vicente.
