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“Está claro que existe una articulación entre los distintos poderes del Estado para perseguir y disciplinar a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes”, apuntó Rodolfo Aguiar.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras denunció ante la Organización Internacional del Trabajo y los 187 países que la integran la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y el desplazamiento ilegal de su Secretario General, Abel Furlán.

“El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias e interviniendo al sindicato industrial más grande de la Argentina como es la UOM”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional y referente del FreSU desde Ginebra, Suiza, en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

En este marco, el dirigente detalló: “La Corte Suprema tiene que abordar el caso de la UOM y expedirse. Estamos frente a uno de los hechos de mayor gravedad institucional de nuestra democracia. Estamos frente a una decisión de la Justicia absolutamente parcial y arbitraria. La sentencia de intervención es una aberración jurídica que tiene que ser inmediatamente subsanada”.

“Está claro que existe una articulación entre los distintos poderes del Estado para perseguir y disciplinar a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

En su denuncia, el FreSU sostiene que los jueces intervinientes en la intervención del sindicato metalúrgico carecen de la imparcialidad exigida por la Constitución y que su actuación vicia de nulidad todo lo actuado. Por este motivo, la UOM ya presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la denegación del Recurso Extraordinario Federal interpuesto, y otra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad contra la denegación del Recurso de Inconstitucionalidad presentado.

Es por eso que el FreSU sostiene que las decisiones impugnadas vulneran garantías constitucionales fundamentales y afectan la libertad y autonomía sindical consagradas tanto en la Constitución Nacional como en los convenios internacionales del trabajo ratificados por Argentina.

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