La Asociación Trabajadores del Estado denunció el plan de vaciamiento del Estado que está imponiendo el Gobierno nacional, expresado en una nueva embestida contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde se pretende vender 50.000 hectáreas que forman parte del organismo.
El Sindicato también advirtió que el ajuste en el organismo también incluye recortes de personal, cierre de programas de investigación y una reestructuración que pone en riesgo el desarrollo tecnológico y la producción agropecuaria.
“Entre 2024 y 2026 entre renuncias, jubilaciones, retiros voluntarios promovidos en una primera y segunda oleada, ya son cerca de 2000 trabajadoras y trabajadores menos desde el inicio de la actual gestión de gobierno”, advirtió Julieta Boedo, Delegada y miembro de la Coordinación Nacional de ATE en el INTA.
ATE cuestionó el anuncio del Gobierno nacional sobre la venta de unas 50.000 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que incluye inmuebles y terrenos del organismo. Según explicó, el proceso comenzó en 2024 con la subasta de un edificio del INTA en la Ciudad de Buenos Aires y ahora continúa con la identificación de tierras consideradas ‘innecesarias’ por el Gobierno.
El impacto en la investigación y la producción
Para ATE la reducción del organismo tendrá consecuencias sobre el desarrollo científico y tecnológico vinculado al sector agropecuario. “No es solo un trabajador que pierde un trabajo, es un trabajador con el que el ciudadano pierde un derecho», afirmó Boedo. En ese sentido, explicó que las investigaciones requieren años de trabajo continuo y podrían quedar inconclusas si se reducen los equipos técnicos o se cierran programas. También mencionó tareas vinculadas al monitoreo ambiental y a la asistencia técnica en distintas regiones del país, como las mediciones en cuencas hídricas o el acompañamiento a pequeños productores, tareas fundamentales para prevenir problemas productivos y ambientales.
El Sindicato subrayó que el modelo impulsado por el Gobierno nacional favorece principalmente a los grandes sectores agroexportadores de trigo y soja y deja de lado el rol histórico que tuvo el INTA junto a pequeños y medianos productores.
Finalmente, se expresó una gran preocupación por la posible reforma del marco legal relacionado con la propiedad de la tierra y por el avance de proyectos que podrían profundizar el proceso de extranjerización de territorios productivos. Por eso ATE informó que se mantendrá el Estado de Asamblea Permanente y las acciones sindicales, judiciales y legislativas como respuesta al vaciamiento del INTA.
Foto: Leandro Mastronicola y Marita Costa.
