Este lunes ATE denunció la grave situación que atraviesa la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), rebajada al rango de Secretaría de Discapacidad, debido al ajuste que impuso el Gobierno nacional y que se expresa en la falta de entrega de pensiones no contributivas, que hasta ahora solo han sido 100 en lo que va del año. También por demorar cerca de 700.000 trámites lo que afecta a miles de personas con discapacidad y sus familias en todo el país.

Walter Pignataro, Secretario General de la Junta Interna de ATE Pensiones, manifestó: “Existen más de 700.000 trámites paralizados, menos de 100 pensiones otorgadas en lo que va del año en todo el país y la existencia de un volumen masivo de expedientes en condiciones de ser rechazados o denegados, lo que anticipa un recorte aún mayor en el acceso al derecho. A esto se agrega un dato alarmante: una persona con discapacidad puede esperar hasta 3 años para acceder a una pensión, aun cuando ese ingreso resulta indispensable para su subsistencia”. Y agregó: “Desde nuestra organización denunciamos el vaciamiento de un organismo que supo contener la política pública más grande del país, hoy reducido a una estructura sin capacidad de respuesta”.

Es importante subrayar que la transformación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad implicó una pérdida de jerarquía institucional, menor autonomía y mayor dependencia política, debilitando la capacidad del Estado para garantizar derechos a las y los más vulnerables.

La implementación de un sistema de digitalización excluyente, que significó el despido masivo de trabajadoras y trabajadores y la reducción de la atención presencial, profundizó la desigualdad en el acceso a los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

ATE destacó que actualmente el sistema se encuentra prácticamente detenido, principalmente por la falta de personal y el desmantelamiento de áreas clave. Las consecuencias son concretas y graves: personas con discapacidad sin ingresos durante años, familias sosteniendo tratamientos sin acompañamiento estatal y casos de fallecimientos sin haber accedido al beneficio correspondiente. También la reducción del presupuesto y desvalorización de los montos, y la disminución de las y los beneficiarios.

Por eso el Sindicato exige la reincorporación inmediata de las y los despedidos para fortalecer la atención presencial en todo el país, la normalización urgente de los trámites de pensiones y el alta por sistema de las nuevas, la asignación de presupuestos acordes y la transparencia en la ejecución del mismo para garantizar los derechos, obligación indelegable del Estado.

Foto: Nicolás Bazán Povedano, archivo.