En el día de ayer, miércoles 29 de abril, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) La Pampa brindó una conferencia de prensa para denunciar la situación de violencia institucional que atraviesa Florencia Aguilera, trabajadora de la Municipalidad de Santa Rosa. La Secretaria Gremial de la ATE pampeana, Liliana Rechimont, y Mariana Andueza, de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades, aseguraron que la empleada sufre un “castigo encubierto” tras haber denunciado por acoso laboral a un funcionario, mientras que la Justicia decidió archivar la causa por falta de pruebas.
La situación de Aguilera se volvió crítica luego de que, tras finalizar su licencia especial por violencia de género, se le impidiera regresar a su puesto habitual en la Dirección de Comercio. Según se denunció desde ATE La Pampa, la trabajadora se ve obligada a fichar cada mañana y trasladarse a la sede del Sindicato para cumplir sus horas, ya que el municipio no le asignó un espacio físico de tareas durante más de un mes.
El conflicto sumó un nuevo capítulo el pasado martes 28 de abril, cuando la Municipalidad notificó a la trabajadora su traslado al área de Bromatología. “No hay ninguna falta administrativa ni informe negativo sobre su desempeño. La trasladan solo por haber denunciado a un funcionario”, explicaron desde ATE La Pampa. Rechimont denunció que el traslado busca “desarmar su organización familiar”, ya que Aguilera es sostén de familia y el nuevo destino le impide coordinar la crianza de su hijo pequeño, cuya escuela queda a pocas cuadras de su anterior lugar de trabajo.
Desde el Sindicato recordaron una frase que habría recibido la empleada por parte de las autoridades municipales: “Si seguís rompiendo las pelotas vas a ir a parar a un lugar peor”.
Durante la conferencia, Mariana Andueza detalló que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Cecilia Molinari, decidió archivar el legajo de investigación preliminar el pasado 20 de abril.
Las dirigentes además explicaron que, aunque existían informes de la Unidad Funcional y de la psicóloga tratante que validaban el relato del abuso de poder por parte del acusado, Maximiliano Cheli, la fiscalía consideró que no hay pruebas suficientes para configurar el delito.
Además, revelaron que dos compañeros de trabajo, que podrían haber aportado claridad al caso, se negaron a declarar por temor a represalias laborales.
ATE La Pampa confirmó que Aguilera se notificará del traslado “en disconformidad” y que el Sindicato recurrirá administrativamente la medida. “Es más fácil defender a un funcionario de renombre que a una mujer trabajadora. La impunidad sigue prevaleciendo, pero vamos a seguir luchando a la par de nuestra compañera porque su único ‘pecado’ fue decirle que no a un tipo”, concluyó Rechimont.
Mientras el funcionario denunciado permanece en su estructura jerárquica, la trabajadora iniciará una nueva etapa de resistencia legal para intentar recuperar su estabilidad y su lugar de trabajo original.
Fuente: www.eldiariodelapampa.com.ar
