ATE denunció un nuevo ataque a los derechos laborales y sindicales con el intento de despido de la Secretaria General de la Junta Interna en el PAMI de Rosario, Melina Gutiérrez, quien se encuentra protagonizando el reclamo por el vaciamiento del organismo a partir del traslado de 3.000 cápitas de los policlínicos I y II hacia el sector privado, dispuesto por las autoridades. 

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó: “En las próximas horas el Gobierno intentará despedir a la Secretaria General de ATE en el PAMI de Rosario, Melina Gutiérrez. Es inminente su cesantía. Sin dudas se trata de una represalia por los reclamos que encabeza. No tenemos que descartar que quieran echarla para lograr impunidad en la corrupción que envuelve a los funcionarios de los dos policlínicos de PAMI en esa ciudad”. 

“No sólo es un ataque a los derechos laborales y sindicales básicos, sino una aberración jurídica. Son unos burros. La tutela sindical establece que nadie puede ser removido ni aún modificadas sus condiciones diarias de trabajo. Melina no sólo es la Secretaria General, sino que también integra la conducción de la Seccional más grande del país.  No lo vamos a permitir. Vamos a definir medidas de acción directa. Las autoridades de PAMI que avalen a la mafia que la obra social tiene en Rosario serán los exclusivos responsables de las medidas que se tomen y afecten al organismo”, apuntó el referente nacional.

En su momento, Melina Gutiérrez había señalado en referencia al reclamo en el sector: “Es un guiño a los empresarios de la salud para desfinanciar nuestros policlínicos y dejar sin atención a más de 30.000 jubilados por efector”.

ATE había anunciado un Plan de Lucha que incluye la realización de una olla popular y radio abierta sobre calle Sarmiento al 400 este miércoles. Las medidas de fuerza continuarán toda la semana y podrían profundizarse en los próximos días si avanzan con el despido. 

La protesta también visibilizará otros reclamos tales como el desmantelamiento en Ciencia y Tecnología, el vaciamiento de ANSES a partir de los retiros voluntarios ofrecidos por el Gobierno nacional, el cierre de las Agencias Territoriales y diversas líneas de trabajo en INTI, el desfinanciamiento del SENASA, y la amenaza de despidos en los diversos sectores del Estado que alcanzará a 50 mil trabajadoras y trabajadores. Además, se exige la renovación automática de contratos y la reinstalación inmediata de las y los despedidos.