ATE repudió la actitud del Gobierno nacional que pretende trasladar el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), históricamente dependiente del Ministerio del Interior, a la órbita del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich porque significa un retroceso en la autonomía y una desjerarquización del ente. Además, el Sindicato objetó el manejo desprolijo y reconoció la improvisación por parte del Poder Ejecutivo.
Analía Lucero, Secretaria General de la Junta Interna de ATE RENAPER, explicó: “Pensando en un recorrido histórico de nuestro organismo, nosotros fuimos recuperando lo que decía nuestra Ley 17671, sacándole a la policía la emisión de pasaportes y dejando fuera de circulación la cédula de identidad. Todo eso fue recuperar las funciones propias del organismo, y que este tipo de medidas significan un retroceso a la autonomía y jerarquización del RENAPER”. Y agregó: “El Documento Nacional de Identidad (DNI) es la puerta a todos los derechos asociados a los beneficios sociales y que nada tenemos que ver con las fuerzas de seguridad. Que quieran controlar la base de datos del RENAPER es porque buscan profundizar y ejercer mayor control en toda la ciudadanía alejándose de los preceptos democráticos de un país libre y soberano”.
Para ATE esta tensión sobre la esfera a la cual responde el RENAPER se corresponde con una disputa política por la administración de una de las cajas con mayor recaudación propia del Estado nacional.
Actualmente el Director del organismo es Pablo Luis Santos. Hasta el lunes pasado el organismo – que realiza la identificación y la documentación de las personas, con la responsabilidad exclusiva de la emisión del DNI y el Pasaporte – formaba parte del Ministerio del Interior que encabeza el flamante funcionario Diego Santilli. El Sindicato espera el Boletín Oficial donde se retrotraería la decisión de que forme parte del Ministerio a cargo de Bullrich.
Es importante recordar que el RENAPER solo dependió del área de Seguridad durante la última dictadura cívico-militar, donde el control sobre la población era clave para someterlos a un proceso de avasallamiento de sus derechos ciudadanos.
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