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“Finalmente deciden seguir vulnerando las leyes y atacando los derechos adquiridos. No cuesta mucho imaginarse que lo que quieren es garantizar que se respete la antigüedad que podían tener en el sector privado”, señaló Rodolfo Aguiar.

Luego de que el Gobierno publicara la Decisión Administrativa 26/2025 que deroga la 3/2004, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el gobierno decidió blanquear la incorporación de militantes libertarios con remuneraciones extraordinarias”.

“Finalmente deciden seguir vulnerando las leyes y atacando los derechos adquiridos. Pretenden abrir la puerta para que los nuevos ingresantes que provienen de las filas oficialistas entren con altos sueldos sin necesidad de que lo hagan por el inicio de la carrera. No cuesta mucho imaginarse que lo que quieren es garantizar que se respete la antigüedad que podían tener en el sector privado”, apuntó el dirigente nacional. 

Aguiar cargó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien firmó el documento: “¿No era que ibas a transparentar el ingreso al Sector Público? Ni se les ocurrió pensar en la propuesta de ATE de los concursos públicos por oposición y antecedentes, ¿no? Sólo piensan en sus negocios. Me parece que al final la casta y la vieja política te están ganando por goleada”. 

“Adorni, me acuerdo cuando hablabas de barrido y limpieza en los entes públicos. Ahora vemos que semejante necesidad de aseo era para acomodar a esos rotos que estuvieron en el Movistar Arena”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Esta medida unilateral por parte del Gobierno distorsiona aún más la devastada realidad salarial y profundiza la precarización de las condiciones de trabajo del colectivo laboral más castigado por el ajuste del Gobierno de Milei.

Además de romper la equiparación escalafonaria, abre la puerta a una enorme discrecionalidad en materia retributiva, vulnera la negociación colectiva, retrocede en derechos adquiridos y viola el principio de progresividad laboral consagrado en pactos internacionales con rango constitucional.

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