El Consejo Directivo Nacional de ATE repudió las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en un nuevo ataque a las y los estatales, justificó lo que implicaría la implementación de las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario en el tan mentado equilibrio fiscal. Según el funcionario: “Habría que despedir a 66.550 empleados públicos”, lo que se constituye en una nueva amenaza.
“El rechazo a los vetos tienen un ínfimo impacto fiscal. El Gobierno debe dejar de pensar en medidas que le sigan deteriorando la vida a la gente. Si quisieran compensar partidas podrían, por ejemplo, aumentar los tributos a los bienes personales, restituir las retenciones a los ricos del campo a los niveles anteriores o establecer finalmente un impuesto a las grandes fortunas”, recriminó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar y agregó: “El Gobierno es autoritario y antidemocrático, ya que se niega a aceptar la voluntad popular. Los trabajadores estatales, a pesar de la precarización laboral, vamos a seguir garantizando las políticas públicas imprescindibles para toda la sociedad”.
Cabe mencionar que de acuerdo con la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Ley de Financiamiento Universitario tendría un impacto presupuestario para el año en curso de unos $1.959.974 millones (es decir 1,96 billones de pesos), equivalente a 0,23% del Producto Bruto Interno; aunque sin embargo otras fuentes señalan que las estimaciones en realidad no llegarían a los $740.000 millones (0,14% del PBI).
Por su parte por la Ley de Emergencia Pediátrica, si se equiparan remuneraciones y se aplicaran las medidas propuestas, el gasto adicional entre julio y diciembre de este año sólo sería de $65.573 millones.
