La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a Plaza de Mayo en defensa de la democracia luego de que se confirmara la prisión domiciliaria y la proscripción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma, ratifica el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
“El régimen que intenta imponer el Gobierno no se corresponde en nada con una democracia. Si a la represión constante le sumamos un Poder Judicial usurpado y ahora una Policía Federal desbocada y actuando al margen de la ley, lo que sucede es que se destruye el Estado de Derecho”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Nos quieren quitar todas nuestras garantías constitucionales, y es estando en la calle la única manera que tenemos de impedirlo. Tenemos que aumentar la resistencia y hacer crecer la movilización, porque si nos quedamos mansos y obedientes nos van a pasar por arriba”, agregó el referente estatal.
A pesar de las amenazas del Gobierno de descontar los días a quienes acataran este paro, la adhesión a la medida de fuerza fue casi total y decenas de miles de estatales se movilizaron en la Capital Federal y en las principales ciudades del país.
De esta forma, el sindicato ratifica el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que según el artículo 53 de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados tiene la potestad de «acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes».
Además de protestar contra el accionar del máximo tribunal, ATE se manifestó en rechazo a la última reforma del estatuto de la Policía Federal Argentina que habilita a esta fuerza a vigilar las redes sociales de los ciudadanos y realizar detenciones sin autorización judicial.
