Un año después de que el Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Jujuy iniciara su resistencia contra la reforma constitucional impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales, el mismo poder político y la Justicia provincial,  dispuso criminalizar la protesta con el armado de causas judiciales que imputan directamente a afiliadas y afiliados del sindicato.     

En este marco el CDP emitió un comunicado de prensa que “repudia y rechaza el armado de causa judiciales, como persecución ideológica y sindical, que está llevando adelante el gobierno provincial y el poder judicial en la provincia”.

Las imputaciones a  las y los afiliados sindicales, fueron  realizadas sobre  las medidas de fuerza  que  la ATE desarrolló contra  la  reforma  inconstitucional de Gerardo Morales en 2023.

El comunicado del sindicato subraya que “un año después de la jura a escondidas de la constitución reformada, la fiscalía y el juez Rodolfo Fernández decidió llevar a juicio a los imputados por los hechos en la Legislatura, donde insólitamente nunca se individualizó a quienes quemaron autos y entraron a la  Legislatura intentando con tales hechos justificar una represión ilegal que mutiló a manifestantes”.

Es por ello que la ATE Jujuy sostiene que “viendo los fundamentos, lo tomamos como un ataque a toda nuestra asociación sindical, como al resto del movimiento obrero, que buscan disciplinar a todo aquel que se anime a salir a las calles a reclamar, también entendemos que son todas causas armadas plagadas de irregularidades, con el único objetivo de perseguir y disciplinar la organización social y la lucha colectiva que intentó frenar esa constitución inconsulta”.

Para finalizar el CDP exige que “se investigue a todos los políticos que tuvieron participación en la sangrienta represión y que se identifiquen a los infiltrados que entraron a la legislatura y quemaron autos”.