Esta semana se registraron dos femicidios, uno en la ciudad de Rosario y otro en la provincia de Jujuy. El segundo caso en menos de un mes en la provincia norteña. A pocos días de la realización del 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Jujuy, las organizaciones sociales provinciales y de todo el país repudian estos hechos y subrayan que es consecuencia del desmantelamiento de las políticas públicas de prevención en violencia de género que comenzó en diciembre del 2023.
Una de las jóvenes asesinadas es Ivana Garcilazo, de 32 años, quien residía en la ciudad de Rosario. Su familia pide de justicia, mientras se busca al responsable. Asimismo, en Jujuy este sábado la comunidad se estremeció con el crimen de Florencia Agustina Sayes, de 31 años, brutalmente asesinada por su pareja.
Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, advirtió: “Nos siguen matando y la violencia de género no solo no cesa sino que se incrementa porque tiene causas profundas y complejas. No hay soluciones mágicas. Es necesario prevenir, tener respuestas adecuadas en los servicios de salud, justicia. También proponer estrategias para que las personas tengan autonomía, desplegar servicios que puedan acompañar la urgencia con profesionales y con recursos económicos. Además, hay que trabajar en las escuelas con la ESI (Educación Sexual Integral) para prevenir conductas machistas y generar alertas tempranas. Formar al personal de justicia, de la política, de los hospitales para que sepan recibir denuncias y dar respuestas eficaces que cuiden a la persona víctima de violencia”. Y concluyó “El problema es que todo ese repertorio de políticas públicas está hoy desarmado, completamente desfinanciado o directamente dejo de existir. Tenemos un presidente que dijo `no existe la desigualdad´ y un ministro de justicia que barrió con la ya devaluada secretaria de atención contra las violencias. El primer gesto de gobierno fue cerrar el ministerio que nació justamente porque salimos masivamente a la calle a gritar ni una menos. Ese gesto es un mensaje que envalentona a los violentos. En un país donde la misoginia es política de Estado es muy difícil abordar el femicidio y el transfemicidio. Lo expresamos muchas veces, estamos en peligro con un gobierno que dice que promover políticas de género es un gasto innecesario y que, para esto, no hay plata”.
Por su parte, Romina Canchi, Secretaria de Género y Diversidad ATE Jujuy señaló: “A una semana de recibir cerca de 70.000 compañeras mujeres y diversidades de toda la Argentina, para el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que sabemos será un hecho histórico, columna vertebral de muchísimas luchas en relación a la cuestión de género, a las mujeres, a las diversidades, a lo feminismo. Lamentablemente en este contexto se va a dar el encuentro, entendiendo que estamos atravesando un difícil contexto nacional, donde el presidente y funcionarios sostienen un discurso de odio que se exacerba hacia las mujeres y diversidades”.
Este recrudecimiento de violencia también se observa en los nuevos indicadores sobre femicidios, lesbicidios, trans/travesticidios relevados por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Según el último informe se registraron 174 femicidios de mujeres y niñas, 2 trans/travesticidios, 3 lesbicidios, 15 femicidios vinculados.
En la misma sintonía, el informe de junio 2024 de La cocina de los cuidados, un espacio intersectorial de seguimiento y producción de información sobre las políticas públicas en el campo de los cuidados que funciona desde marzo 2024, da cuenta de que ya se discontinuaron 24 políticas públicas, de 47 en seis meses de gestión del Gobierno de Milei. Otras 16 están en peligro y sólo siete se mantienen vigentes.
Además, el achicamiento del Estado en el territorio se expresa en el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), las delegaciones del programa Acercar Derechos (Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género), entre otros.
Los casos de violencia de género mencionados dan cuenta de la fundamentada preocupación de ATE y su exigencia por el restablecimiento de las políticas públicas que cumplen un rol central en la prevención y erradicación de la violencia por razones de género. Además, la Asociación Trabajadores del Estado repudia subejecución y el vaciamiento de los programas que implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan.
