El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la criminalización de la protesta social y exigió el fin de la persecución judicial contra las y los 19 militantes imputados en la protesta conocida como ‘Jujeñazo’. De acuerdo a lo dispuesto por la Justicia provincial el próximo 26 de octubre se iniciará el juicio, que entre las y los involucrados tiene a tres militantes de la ATE.
La causa tiene su origen en el 2023 cuando distintas organizaciones sociales y sindicales marcharon por las calles de la provincia en rechazo a la Reforma Constitucional, que fue aprobada bajo la Gobernación de Gerardo Morales y que impulsó la limitación de la libertad de reunión y prohibió los cortes de calles y rutas.
Entre las 19 personas que forman parte de la imputación están los trabajadores de ATE Santiago Zamora, Gabriel Taboada y Walter Puca. Sobre los acusados, la defensa viene denunciando que existen graves irregularidades procesales, parcialidad en los magistrados y la negativa de incorporar pruebas clave, como videos exculpatorios.
De hecho la abogada Mariana Vargas, que forma parte de la defensa ha denunciado anomalías en el expediente y como ejemplo puso el caso de Santiago Zamora, quien fue imputado por el delito de daños a pesar de que los registros fílmicos demuestran que intentaba proteger un vehículo de ser incendiado.
Para la ATE este juicio se trata de “una clara maniobra de disciplinamiento y persecución en un contexto de desalojos brutales”, que se están llevando a cabo en la provincia de Jujuy por el gobierno de Carlos Sadir y exige el inmediato sobreseimiento y absolución de todos los imputados.
