La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza denunció que las y los trabajadores estatales provinciales llegaron a esta Navidad en un escenario poco propicio para el brindis: precarización, salarios por debajo de la línea de pobreza y con una reforma del estatuto que convierte a los agentes públicos de Mendoza en instrumentos de laboratorio para la que quiere aplicar Javier Milei a nivel nacional.

Según lo describió la Secretaría Adjunta de la ATE provincial, Adriana Iranzo, “los estatales mendocinos enfrentan un escenario de salarios insuficientes, paritarias cerradas y reformas regresivas que amenazan derechos básicos”. “Hoy enfrentan una Navidad empobrecida como resultado de decisiones políticas que deterioran de manera sistemática las condiciones de vida y de trabajo en la provincia de Mendoza”, remarcó.

La situación que describe Iranzo es crítica: trabajadoras y trabajadores esenciales que cobran alrededor de 700.000 pesos por 40 horas, muy por debajo de la canasta básica. Los aumentos fueron otorgados por decreto, sin negociación colectiva, y más de 2.300 trabajadores permanecen en la informalidad desde 2019. “Hace más del 2019 que nadie pasa a planta ni tiene condiciones laborales dignas”, denunció la dirigente.

El ajuste se refleja también en la exclusión de sectores de la administración central de beneficios como el fondo estímulo, mientras los altos funcionarios reciben incrementos y privilegios. “El privilegio de aumentarle a funcionarios con grandes salarios y estímulos del cual no son evaluados como quieren evaluar a los trabajadores en la reforma laboral”, cuestionó Iranzo.

El deterioro salarial y la falta de políticas de retención han provocado la renuncia de profesionales de la salud y la migración hacia otros países. “Avanza la privatización de la salud, el deterioro del salario y de las condiciones laborales, lo cual lleva a la renuncia y al abandono de los mejores profesionales”, advirtió antes de alertar sobre la reforma laboral firmada por el Gobierno con ATSA, un gremio minoritario, que habilita la privatización de servicios esenciales del sistema sanitario provincial. “Esto restringirá directamente el acceso libre y gratuito a un derecho fundamental para la población, ya que sólo podrán hacerse atender aquellas personas que cuenten con los recursos necesarios”, señaló Iranzo.

La dirigente también vinculó la criminalización de la protesta directamente al gobierno de Mendoza, a quien acusó de aplicar un ajuste que golpea directamente a las familias trabajadoras. “Hoy, el ajuste que aplica el gobernador Alfredo Cornejo lo sufre todo el pueblo mendocino, porque formamos parte de familias trabajadoras que pasan hambre y no pueden darle de comer a sus hijos”, afirmó.

Asimismo enfatizó que la presión y el hostigamiento tienen consecuencias directas en la salud mental de los trabajadores. Las licencias psiquiátricas se multiplican en un contexto de angustia y pérdida sistemática del poder adquisitivo.

Por último indicó que la ATE ha presentado más de ocho denuncias por incumplimiento de acuerdos paritarios ante la Fiscalía de Estado y distintos ministerios, pero la respuesta institucional ha sido nula. “La justicia tampoco responde. Los servicios públicos están desfinanciados, empobrecidos y desmantelados y nadie responde”, subrayó Iranzo.