Desde hace
dos meses los trabajadores de Agricultura Familiar vienen desarrollando un plan
de lucha en las distintas delegaciones del interior del país para denunciar los
despidos y el desfinanciamiento del organismo que trabaja asistiendo a más de
cien mil pequeños productores, campesinos y comunidades originarias de la
Argentina.

En una nueva
jornada de lucha, hoy los trabajadores realizaron una concentración y acto a
las puertas del Ministerio que los engloba, en la intersección de Av. Paseo
Colón y Carlos Calvo. Allí, la Secretaria de Organización de ATE, Silvia León
recordó el último acampe que llevaron a cabo los compañeros a principios de
marzo. En aquella oportunidad la Policía Federal intentó desalojar la protesta violentamente:
“Hace mas de un mes Ricardo Buryaile (Ministro de Agricultura) se comprometió a
que no iba a haber mas despidos. Sin embargo no cumplió con su palabra y los
hubo”.

“ATE va a
seguir peleando hasta que se reincorpore a cada uno de los compañeros. Por eso
hoy estamos acá y vamos a marchar hasta el Ministerio de Modernización para
realizar un acampe: porque la pelea la damos juntos y en defensa del conjunto
de los compañeros”, lanzó la dirigente nacional.

Por su
parte, la dirigente de ATE SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria), indicó: "Cuando el Gobierno habla de pobreza 0 se
refieren a eliminarla. Por eso más que nunca, este conflicto y la lucha por la
reincorporación de todos los despedidos nos va a ir encontrando en unidad, en
la lucha, en la organización y en el combate. Porque estamos decididos a no dar
ni un paso atrás por nuestros derechos y los derechos de todo nuestro pueblo”.

“Se trata de un achicamiento claro
del Estado”

Melina
Zocchi es técnica de terreno en Andalgalá, Catamarca, y como delegada de ATE
forma parte de del equipo coordinador de ATE Agricultura Familiar. “Este es un
organismo pequeño en relación al trabajo que realizamos. Es mas, somos la única
política pública específica para el pequeño productor campesino e indígena”,
explicó la compañera.

“Tenemos 260
despidos sobre los 1500 compañeros que integramos la Secretaría. Es casi el 20
por ciento de nuestra planta cuando ya existía un déficit previo en cuanto a
personal. Esto sin duda refleja un achicamiento claro del Estado y un
retiramiento del apoyo de quienes mas lo necesitan en el ámbito rural”, expresó
Melina, quien junto a cientos de sus pares dedica su vida a prestar apoyo técnico
para proyectos en los que los pequeños campesinos son protagonistas.

“Desde hace
años las políticas públicas convergen en el apoyo a los grandes pooles sojeros, los sectores mas
concentrados de la economía productiva y a una economía extractivista que ya
existía pero que hoy se profundiza”, detalló la compañera, y agregó: “Para
nosotros estos despidos significan la persecución de compañeros que laburan en
este sector, que no es cualquiera. Estamos seguros de que este espacio no es
funcional a un plan que beneficia a los mas ricos”.

“Continuamos la lucha”

Natalia
Morales, delegada de ATE en la Secretaria de Agricultura Familiar en Jujuy, fue
despedida junto a 15 compañeros de trabajo en su provincia. "Logramos la
reincorporación de nuestras compañeras delegadas con la lucha de todos los
trabajadores del país, y esto es un aspecto importante que tiene que reconocer
el ministro (Ricardo) Buryaile. Nosotras estamos organizadas sindicalmente y
tienen que reconocer nuestros fueros gremiales, pero continuamos la lucha"
aseguró la compañera.

Morales
realiza sus tareas en el Monotributo Social Agropecuario que depende del
Registro Nacional de la Agricultura Familiar, y trabaja en Jujuy con más de 10
mil familias pequeñas productoras campesinas e integrantes de pueblos
originarios.

La delegada
del NOA señaló la gravedad de la situación que viven los trabajadores de su
área en la provincia: "Los despidos comenzaron en Jujuy y después se
extendieron en todo el país. El factor clave en nuestra provincia es la
connotación grave de persecución político y sindical que venimos denunciando
porque entendemos que Jujuy fue un laboratorio de la criminalización de la
protesta".