
Conciliación obligatoria entre ATE y la Municipalidad de San Luis, por el reclamo salarial
El CDP expuso que el personal municipal, ya no pueden esperar más en este contexto inflacionario y económico, la decisión de avanzar en aumento de salarios.

El CDP expuso que el personal municipal, ya no pueden esperar más en este contexto inflacionario y económico, la decisión de avanzar en aumento de salarios.

“Lamentablemente, este acto no es algo aislado, sino que forma parte de una acción sistemática desarrollada por la gestión del Intendente Hissa y sus representantes, tanto del cuerpo legislativo, como así mismo, dentro de los cargos de dirección de la Municipalidad de San Luis”, expresó el CDP.

También exige en forma urgente el pago de la paritaria homologada (CCT 125/75); la devolución de las plantas permanentes quitadas arbitrariamente; más insumos y medicamentos; más ingreso de personal; mejoras de infraestructura; y ambientes laborales libres de violencia.

Spagnuolo aseguró que la provincia de San Luis, junto a la CABA, pagan salarios que están entre los más altos de país, muy por encima de la media nacional.

ATE reclama la convocatoria a una mesa salarial.

En la ciudad de San Luis, integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis, se hicieron presente en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para acompañar a los y las compañeras ya que se les negaba la entrada a sus puestos de trabajo de forma arbitraria.

“Hoy hay trabajadores y trabajadoras estatales por debajo del índice de la pobreza y de la indigencia. No podemos quedarnos inmóviles ante tantas injusticias y ataques a la clase trabajadora. La lucha es larga y no vamos a rendirnos nunca”, subrayó Fernando Gatica, titular del CDP.

La ATE sostiene que estos organismos “son instituciones fundamentales para que gran parte de la ciudadanía acceda a derechos elementales”.

El Gobernador, no dio la cara, pero los secretarios y secretarias generales dejaron un petitorio donde expresan la situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores estatales.

El gobierno dispuso el pago de una suma de 70.000 pesos.