El Sindicato advirtió que el desmantelamiento del organismo que impone el Gobierno nacional pone en riesgo su continuidad operativa.
El Sindicato rechazó las declaraciones del Ministro de Economía de la Nación quien amenazó con despidos en la Secretaría de Hacienda y exigió una suma fija mensual de 500.000 pesos para las y los trabajadores del sector.
Ante la publicación del dato del Índice de Precios al Consumidor de febrero, ATE exigió la reapertura de paritarias, un 48% de incremento salarial y la defensa de la autonomía del organismo de los gobiernos de turno.
El Sindicato llevó adelante una jornada debate y análisis en defensa del derecho a una carrera justa y digna que posibilita la herramienta del Convenio Colectivo de Trabajo en el Sistema Nacional de Empleo Público.
El Sindicato formalizó el pedido mediante una nota dirigida al Director del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ante el sostenido deterioro de los salarios de las y los trabajadores.
El Sindicato informó que profundizará las medidas de fuerza en el marco del Estado de alerta y movilización declarado esta semana ante la falta de cumplimiento del acuerdo salarial por parte del Gobierno.
Sobre las y los trabajadores de la institución, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo: “Ellos decidieron luchar y le mostraron a todo el país que si se lucha, se puede ganar”, y agregó: “Quedó demostrado que si hay unidad en los sectores de trabajo, el Gobierno no puede quitarnos nuestros derechos”.
El Sindicato exigió al Gobierno que convoque a una reunión para tratar los temas que afectan a los más de 56 mil estatales alcanzados por el Convenio Colectivo más numeroso de la Administración Pública Nacional y también uno de los más postergados en materia salarial.
Para la sectorial “el FAL no es una reforma técnica ni una modernización: es un desvío directo de los aportes de trabajadores y jubilados para cubrir despidos y obligaciones que deberían asumir los empleadores” y “un nuevo golpe al sistema solidario de reparto y una estafa social encubierta”.
Guzmán subrayó que “el uso de los fondos de la previsión social no sólo afectan a las y los jubilados actuales, también pone en riesgo los fondos para las jubilaciones futuras”.
