“Logramos que nos convoquen. Es un primer paso. Ahora tenemos que evitar que las negociaciones se conviertan en una nueva payasada”, indicó Rodolfo Aguiar desde la movilización realizada al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este viernes vencen 3 mil contratos y el 31 de marzo más de 50 mil.
“Esta decisión termina de derrumbar la imagen de una de las instituciones más desprestigiadas. La Corte Suprema no puede tomarle juramento a Lijo y a García Mansilla, y si lo hace cometerá un delito”, indicó Rodolfo Aguiar.
“Milei y su gobierno tambalean. Atraviesan los peores días desde que asumieron. Tenemos que seguir confrontándolos en todos los planos como única posibilidad de frenar un ajuste que resquebraja todo el tejido social y productivo”, aseguró Rodolfo Aguiar. El sindicato confirmó una movilización al INTA a las 12 del mediodía, a Desregulación y Transformación del Estado a las 13, y en el Ministerio de Salud a las 16. En las próximas horas, el resto de las provincias y cada distrito definirán la modalidad de las protestas.
El sindicato exige la urgente reapertura de las paritarias, el cese de los despidos, un alto al plan de fusión y cierre de organismos nacionales, y contra la privatización de empresas públicas.
“Intentos similares existieron en los ‘90, también en el 2008 y no pudieron. Si el Gobierno profundiza este camino, desatará como en otras oportunidades una pueblada”, señaló Rodolfo Aguiar.
Las fuerzas de seguridad forcejearon con dirigentes y trabajadores que se movilizaron frente al instituto previsional y reprimieron con palos y gases a los que se concentraron en las puertas de la cartera de la Ministra Sandra Pettovello.
“La autoridad presidencial está resquebrajada y la imagen del Gobierno debilitada. Los estatales no le podemos dar tregua. Tenemos que aumentar la confrontación en todo el país. Esto es golpe por golpe”, señaló Rodolfo Aguiar.
La Policía Federal y la Prefectura Naval, a cargo de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aplicaron su ‘Protocolo Antipiquetes’ contra la manifestación pacífica que contaba con la participación de trabajadores despedidos de los hospitales Bonaparte y Garrahan.
El sindicato comprobó graves irregularidades en los convenios con los prestadores privados, pagándose sin auditar sumas millonarias mensuales. También se verificó que se les cobra a los beneficiarios plus y aranceles diferenciados de $50.000.
«Tenemos la oportunidad para frenar el ajuste. Lo habíamos advertido, pero ahora es visible: queda claro que los que despiden, cierran organismos públicos y recortan salarios son delincuentes comunes», dijo el Secretario General de ATE.
