En la sede de la CGT de Bahía Blanca, trabajadoras organizadas en la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores debatieron sobre el rol de las mujeres en la política y el sindicalismo.
“Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país”, indicó Rodolfo Aguiar.
“Triunfó la lucha de todos los estatales. Tenemos que agradecer al país que se movilizó. Vamos a seguir enfrentando la criminalización de la protesta social de Milei, Llaryora y en todo el país”, celebró Rodolfo Aguiar.
“En este momento, en esta provincia la que está en riesgo es la Democracia. Se está atacando al Estado de Derecho y vulnerando todas las garantías constitucionales. Las detenciones de Federico Giuliani y otros 14 dirigentes fueron ilegales”, señaló el Secretario General de ATE Nacional.
«Esto es un escándalo. Tienen que ir todos en cana. Los valores son 5 veces más caros que los de mercado. Los lentes que tienen un costo de 35 mil pesos, se pagaron a 150 mil y en algunos casos hasta 230 mil pesos», indicó Rodolfo Aguiar.
“Lo que está ocurriendo en Córdoba es de una gravedad institucional extrema. Tiene que evaluarse llevar adelante un jury, un juicio político para el fiscal Ernesto de Aragón y todos los funcionarios judiciales que están interviniendo en esta causa armada”, señaló Rodolfo Aguiar. Además, mañana lunes a las 10 se realizará un acampe en Tribunales II de Córdoba.
“En Córdoba hay un régimen de excepción. Se han suspendido las garantías constitucionales y el Estado de derecho está en peligro. Con un Poder Judicial parcial y completamente subordinado a Llaryora, se degrada la democracia en la provincia”, indicó Rodolfo Aguiar.
Se habló allí de la baja de exportaciones por la pérdida de certificación y garantía y del plan anual de Juventudes de CTA donde compartieron el avance del proyecto de recorridas de industrias estratégicas.
El Sindicato sigue exigiendo salarios dignos y la regularización de este colectivo, uno de los más precarizados de la Administración Pública Nacional.
El Sindicato responsabiliza al gobernador Martín Llaryora por enviar a la Policía de la provincia a reprimir y encarcelar a quienes reclamaban por alimentos y ayuda social a los sectores más postergados. (Noticia en desarrollo)
